La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Bollullos (Huelva), ha solicitado 5 años de cárcel y 26 años y 10 meses de inhabilitación para el exalcalde socialista, Carlos Sánchez, por los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio por unas obras en el recinto ferial.
En la causa están implicados además siete miembros del equipo de Gobierno, cuando Sánchez era alcalde, que votaron a favor de la ejecución del proyecto y un técnico municipal.
Se da la circunstancia de que Sánchez ya no pertenece al PSOE, partido del que fue expulsado el pasado mes de mayo tras ser condenado a siete años de inhabilitación para cargo público por otro delito de prevaricación relacionado con unas obras ejecutadas en un parque.
Según consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, se solicita para Sánchez la pena de inhabilitación especial para cargo público durante 9 años por un delito continuado de prevaricación; dos años de prisión, 18 meses de multa con una cuota diaria de 30 euros y 8 años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio; y tres años de prisión, y 9 años de inhabilitación por el delito continuado contra la Ordenación del Territorio.
Además, se pide de 7 meses de multa con una cuota diaria de 30 euros y 10 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público por el delito de desobediencia.
Los hechos por los que serán juzgados se iniciaron en junio del 2005 cuando por parte de Carlos Sánchez comenzó a gestionarse la construcción de un recinto multifuncional en la localidad, para lo que era necesario la adquisición por parte del Ayuntamiento de terrenos pertenecientes a particulares.
Para ello se aprobaron contratos de permuta sin redactar los expedientes administrativos necesarios y sin haber estado aprobada la modificación del PGOU a pesar de los informes contrarios de la Secretaría General e Intervención del Ayuntamiento, según la acusación.
En el proceso, la Delegación Provincial de Obras Públicas requirió al Ayuntamiento la suspensión de la obra, una vez adquiridos los terrenos, por afectar a suelo no urbanizable y especialmente protegido por el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana, sin embargo continuaron los trabajos.
