La Fiscalía de Huelva ha solicitado penas de entre uno a siete años de cárcel para ocho miembros de una banda de narcotraficantes y dos agentes de la Guardia Civil que los ayudaban a introducir drogas en España a través de la costa onubense.
El fiscal, en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, pide para J.T.G.P. y J.F.D., los dos agentes de la Guardia Civil implicados en los hechos, la pena de cuatro años y medio de cárcel por cohecho.
En el caso de J.T.G.P., se suma además otros dos años y medio de inhabilitación por abandono de destino; y en el de J.F.D. tres años más de prisión, uno por receptación y otros dos por falsedad en documento oficial.
Junto a ellos están acusadas, al ser considerados miembros de la organización, cuatro personas más de los cuales se enfrentan a cuatro años y diez meses de cárcel por tráfico de drogas y multa de 18 y 20 millones de euros; una pena que, en dos casos, se incrementa en un año por otro delito de receptación.
De los cuatro restantes, para tres de ellos se solicita un año de cárcel por receptación y para el cuarto tres años por falsedad en documento público y receptación.
Estas personas serán juzgadas el próximo miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva a partir de las 10:00 horas, dándose la circunstancia de que será la segunda vez que se celebre esta vista después de que el Tribunal Supremo anulara la sentencia emitida el año pasado por dicha sección tras admitir el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía.
La sentencia condenó a J.F.D., uno de los agentes de la guardia civil, entonces en prácticas, por receptación y falsedad documental, y a otros cuatro enjuiciados por los mismos delitos, quedando absueltos el resto.
La Fiscalía recurrió la sentencia por quebrantamiento de forma, al habérsele negado la prueba documental que solicitó al tribunal consistente en copias de varios autos en los que se ordenaba desde el Juzgado de Instrucción número 1 de Ayamonte intervenciones telefónicas de los inculpados, argumentando además indefensión y vulneración del derecho a valerse de las pruebas estimara pertinentes.
