La Guardia Civil de Huelva ha detenido a cuatro personas por el presunto robo de frutos del campo y en las localidades de Gibraleón y en San Juan del Puerto se han intervenido más de 1,2 toneladas de naranjas sustraídas.
   Según ha informado el Instituto Armado en una nota, agentes del Puesto de San Juan el Puerto, pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, han imputado a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de una falta de hurto de productos del campo.
   Los hechos ocurrieron en el transcurso de las actividades policiales que se están llevando a cabo y encaminadas a la prevención de este tipo de incidencias. Concretamente los integrantes de la patrulla observaron un vehículo que pudiera transportar fruta sustraída en la carretera A-49, por lo que decidieron darle el alto e inspeccionar el coche.
   En la inspección efectuada se comprobó la existencia en el maletero del coche de unos 500 kilos de naranjas y mandarinas, no acreditando los ocupantes el origen de esta fruta, por lo que le fue intervenida y se procedió a la confección de las correspondientes diligencias.
   Por otra parte, en Gibraleón, agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) que estaban prestando servicio de control de pescado inmaduro, detuvieron a un vehículo ocupado por dos hombres, en el que transportaban 700 kilogramos de naranjas. Al igual que en el caso anterior, tampoco estas dos personas pudieron acreditar la legal procedencia de la fruta, por lo que fueron imputados por hurto. La mercancía fue igualmente intervenida.
   En el marco de los servicios que se están realizando para paliar las actividades ilícitas relacionadas con el robo de frutos del campo, la Guardia Civil está desarrollando algunas inspecciones en mercadillos cómo el realizado en la localidad de Cortegana.
   En esta población, agentes del Seprona han levantado diversas actas por infracciones a la normativa sobre alimentos, en relación al comercio y venta ambulante. En concreto, se está actuando en los casos de carencia de formación para la manipulación de alimentos, así como en cuanto a la ausencia de etiquetado de los productos alimenticios y sobre las autorizaciones municipales para el establecimiento de puestos de venta ambulante.
   La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia competente.