El sindicato reclama al Gobierno una regularización extraordinaria para los que se encuentran en situación ilegal, que son más del 50% del total
Alrededor de 5.000 personas malviven en asentamientos chabolistas repartidos por distintos municipios de la provincia de Huelva, de las que más del 50 % se encuentran en situación ilegal en el país, según CCOO, que ha reclamado al Gobierno una regularización extraordinaria.
La secretaria general de CCOO en Huelva, Julia Perea, se ha reunido con el Ayuntamiento de Lepe, uno de los municipios que junto con Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera albergan asentamientos, para "encontrar una salida y buscar una solución en beneficio de las personas que por su situación de vulnerabilidad se ven obligadas a vivir en los asentamientos".
Un problema histórico que como ha subrayado Julia Perea "tan solo se solucionará cuando se regularice la situación de estas personas de manera legal ya que es la única forma para que realmente puedan salir del chabolismo, encuentren un trabajo donde se respeten sus derechos laborales, puedan insertarse en la sociedad y de una vez por todas salga de la invisibilidad social en la que llevan viviendo tantísimos años".
El encuentro, propiciado por este sindicato, ha tenido como líneas fundamentales conocer las propuestas que tiene el Ayuntamiento para acabar con los asentamientos de trabajadores, principalmente del sector agrario.
Ha valorado que existe voluntad por parte del Ayuntamiento de Lepe de acabar con los asentamientos ya que está trabajando en la adecuación del antiguo albergue poder abrirlo entre diciembre de 2022 o principio del 2023 y la construcción de un complejo residencial para temporeros.
CCOO considera que es necesaria una solución inmediata y definitiva al problema de los asentamientos que "solo tiene un camino y es que "se lleve a cabo un proceso de regularización extraordinaria y urgente para legalizar a las 500.000 personas que viven en España de manera ilegal", ha indicado Perea.
Asimismo, ha matizado que "es fundamental regularizar esta situación para que, entre otras medidas, se garantice el respeto de sus derechos laborales y no trabajen en algunos casos por 25 euros la jornada".