La Fiscalía ha mantenido su petición de cinco años y tres meses de prisión para el exalcalde de Cogollos Vega (Granada) - Francisco José Luzón por supuestamente "beneficiar" a una empresa, en el marco de un plan urdido con otros tres acusados en esta misma causa "tendente a lucrarse ilícitamente" a costa del Ayuntamiento de este municipio del área metropolitana de Granada.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial dejó el pasado miércoles visto para sentencia el juicio que ha seguido contra el exalcalde independiente, después de que su finalización fuera aplazada en dos ocasiones por la declaración de un testigo que no se había presentado.
Fuentes del caso consultadas por Europa Press han indicado que, este pasado miércoles, las partes hicieron sus calificaciones definitivas y leyeron sus informes finales, después de que la última sesión del juicio fuera postergada el lunes 22 de marzo, tras ser aplazada primeramente la semana anterior.
El exalcalde defendió el martes 16 de marzo ante el tribunal la legalidad de las actuaciones, mientras que la Fiscalía mantiene que Luzón y uno de sus ediles, con otros dos acusados que eran representantes de la empresa supuestamente beneficiada, habrían actuado, "de común acuerdo, guiados por el ilícito ánimo de lucro".
El fiscal señala que el plan, "con grave prejuicio" para los contribuyentes de Cogollos Vega, habría consistido en la emisión de tres facturas a favor de la mercantil por, entre otros, "obras nunca ejecutadas en el municipio" pero que, "entre otros aspectos", no correspondían supuestamente con trabajos hechos en el pueblo.
"Al mismo tiempo los acusados emitieron los correspondientes albaranes de entrega y adquisición de material de las presuntas obras nunca ejecutadas en el municipio", agrega el Ministerio Público, que detalla que las facturas, relativas a efectos como sacos de cemento o portes, ascendieron a más de 15.000 euros, si bien "no llegaron a ser abonadas, pues el ardid fue descubierto". Pide el Ministerio Público, además de la pena de cárcel, multa de 3.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por seis años.
