El Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga el llamado 'caso Nazarí', ha remitido a la Audiencia de Granada para su enjuiciamiento la pieza separada conocida como expediente Obispo Hurtado, en la que están acusados el exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, por supuestas irregularidades en la construcción del edificio donde ambos tienen su residencia.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha dado por recibido el tomo de 738 folios de este caso para su "enjuiciamiento y fallo", aún pendiente de señalamiento, según consta en una reciente diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia, al que ha tenido acceso Europa Press.
En la causa están procesados Torres Hurtado, Isabel Nieto y un antiguo funcionario del área de Urbanismo por presuntos delitos de prevaricación común, prevaricación urbanística y tráfico de influencias --este último delito no se atribuye al trabajador--. Conforme al turno establecido, se ha designado como ponente a la magistrada Aurora María Fernández García. A partir de ahora, las actuaciones pasan a ella para que determine la pertinencia de las pruebas.
Tanto la Fiscalía como la acusación ejercida por el Ayuntamiento de Granada han pedido el archivo de esta pieza, que está relacionada con supuestas irregularidades en una promoción inmobiliaria donde el exalcalde y su concejal de Urbanismo, así como sus respectivos núcleos familiares, "tenían participación".
La acusación popular ejercida por el PSOE ha solicitado doce años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público para Torres Hurtado e Isabel Nieto por un supuesto delito de prevaricación común. Lo hace al entender que los dos participaron como promotores en la construcción de este edificio.
Recalca que las exigencias urbanísticas de esta promoción fueron "relevantes", a tenor de lo dispuesto en el PGOU y en el Plan Especial Centro, y en todas las incidencias ambos intervinieron de "manera decidida , con la finalidad de promover la rápida finalización y ocupación del inmueble en el que ya tenían adjudicadas determinadas unidades" (...) resolviendo obstáculos que "de otra manera resultarían insalvables".
La acusación popular ejercida por el empresario Ramón Arenas ha pedido penas de cuatro años y medio de prisión para Torres Hurtado e Isabel Nieto por delitos de prevaricación urbanística y común, y de tráfico de influencias. También ha formulado acusación contra el citado funcionario del Ayuntamiento, además de pedir la nulidad de la licencia de primera ocupación del edificio y del expediente seguido para su obtención.
