El Ayuntamiento de Granada presentará un recurso contencioso contra la decisión de la Junta de declarar la capital como Zona de Gran Afluencia Turística, una medida que liberaliza el horario comercial de grandes establecimientos pese al rechazo del sector, sindicatos y consumidores.
El concejal de Comercio y Turismo de Granada, Eduardo Castillo, ha anunciado esta vía judicial contra la Zona de Gran Afluencia Turística acompañado del secretario de la Federación Provincial de Comercio de Granada, Miguel Moreno; la presidenta de Facua Granada, Mar Solera; y el secretario general del sindicato Servicios CCOO Granada, Roberto Ariza.
Castillo ha recalcado la importancia del sector para esta capital andaluza ya que el comercio genera 16.000 empleos en la ciudad y representa el 30 % de su PIB anual.
Ha recordado que el Ayuntamiento ya presentó alegaciones a la resolución de la Junta y llegó incluso hasta el recurso de reposición que el Gobierno andaluz desestimó la pasada semana.
"Agotadas las vías administrativas y ante los oídos sordos de las propuestas del Ayuntamiento, que ha intentado alcanzar acuerdos, iremos a un contencioso administrativo", ha anunciado Castillo.
El concejal ha resaltado que la posibilidad de que las grandes superficies puedan abrir 60 días seguidos y sin limitación de horario desde el próximo 2 de abril tiene al sector "muy caliente", lo que justifica la actuación municipal "para que la Junta rectifique".
El Ayuntamiento pasará por la comisión delegada la decisión de judicializar la liberalización del horario, aunque Castillo ha confiado en que el resto de grupos "sean sensibles" con un comercio tradicional que no podrá afrontar el impacto de ser Zona de Gran Afluencia Turística.
En representación de los sindicatos, Ariza ha recalcado que la "declaración unilateral" de la Junta tendrá muchos efectos "y todos negativos" y ha pronosticado que la medida destruirá al comercio tradicional y empeorará las condiciones de trabajo y de vida de un sector que ya tenía complicaciones en la conciliación.
El Ayuntamiento ya solicitó a la Junta un estudio sobre el impacto de la medida y una moratoria para analizar las consecuencias en el comercio tradicional, dos opciones que no han sido atendidas.
