La Policía Local de Granada ha retirado en el último año cerca de un centenar de tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida que eran usadas de forma fraudulenta, una infracción sobre el que este cuerpo está haciendo especial seguimiento para evitar "abusos" en un asunto que afecta a colectivos vulnerables.
En este tiempo los agentes han detectado una cantidad considerable de estas tarjetas que estaban siendo utilizadas de forma indebida en las calles de Granada, muchas de ellas por parte de familiares o conocidos de personas con movilidad reducida que las usan sin que el titular esté presente en el vehículo, algo que es ilegal, para garantizarse un aparcamiento al lado del trabajo o frente a su casa.
Algunos de los infractores las han llevado incluso después de que el titular haya muerto o estando el documento caducado, según han detallado a Europa Press fuentes de la Policía Local, que entre 2021 y lo que va de este año ha retirado un total de 93 tarjetas, gracias también a la colaboración de ciudadanos que conocen esta clase de prácticas y las denuncian indicando el vehículo y el lugar donde estaciona.
Los agentes también han detectado el uso de tarjetas fotocopiadas, escaneadas y otras que directamente han sido falsificadas, entre otras irregularidades por parte de quienes han querido aprovecharse de estos espacios reservados que pueden encontrarse en lugares céntricos donde es difícil aparcar. Además, este documento permite estacionar el vehículo gratuitamente en las áreas verdes, azules y zonas de carga y descarga, siempre que no afecte las limitaciones de circulación y estacionamiento.
En relación con todos estos casos, la Policía Local ha tramitado durante este periodo un total de 47 diligencias por delito de falsedad poniendo el asunto en manos de la Justicia y el 90 por ciento de los infractores ha salido con una condena, lo cual se rige por el artículo 400 bis del Código Penal, que hace referencia a la pena por el uso de documentos por quien no esté legitimado para ello, y está castigado con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
El resto de casos, han seguido el trámite por la vía administrativa, con lo que suele haber multa de tráfico y la retirada de la tarjeta durante un periodo que oscila entre un mes y dos años en función de si la infracción es calificada como leve, grave o muy grave atendiendo al decreto en vigor de la Junta de Andalucía.
Desde la Policía Local afirman que están notando "una mayor concienciación de la ciudadanía", que también está denunciando estas prácticas abusivas a través de las redes sociales y ayudando así a los agentes a 'cazar' a los infractores en el mismo momento en que acceden al vehículo estacionado en la plaza reservada sin cumplir los requisitos para ello.
