La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y la alcaldesa de Motril, María Luisa Chamorro, han firmado este sábado en la Delegación del Gobierno de Granada un convenio de colaboración para "establecer medidas de protección" para la Reserva Natural Concertada 'Charca Suárez'.
Esta figura de protección se aplica a fincas de titularidad pública o privada que, sin reunir los requisitos objetivos de las demás figuras declarativas, merezcan una singular protección y cuyos propietarios insten a la Administración para la aplicación de un régimen de protección concertada.
El Ayuntamiento de Motril es titular de los terrenos donde se encuentra esta Reserva Natural, que cuenta con una superficie de 13,5 hectáreas y que fue declarada como tal en 2009.
Crespo ha definido este acuerdo como "un ejemplo de cooperación institucional para lograr una gestión más eficaz de los servicios y una mayor protección de nuestro medio ambiente".
La Reserva Natural Concertada 'Charca Suárez' tiene como finalidad la conservación y protección del humedal y de las especies que habitan él.
Uno de los objetivos fijados es la inclusión de este espacio en la Red Natura 2000, así como el desarrollo de actividades científicas y formativas, seminarios, talleres, encuentros, etc.
La consejera ha calificado este humedal, "en el que conviven 160 especies de aves", como el más importante de la costa de Granada y ha hecho hincapié en que "las joyas naturales de los municipios hay que preservarlas en las mejores condiciones", tanto por sus cualidades medioambientales como por las posibilidades relacionadas con el turismo y la formación de las generaciones más jóvenes.
FUTURO CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y MEJORAS DE ACCESO
Por su parte, la alcaldesa de Motril ha agradecido a la Consejería la firma del convenio y ha resaltado que "desde el Ayuntamiento somos conscientes del valor ecológico y medioambiental de la Charca Suárez, así como la obligación de preservarla y ponerla en valor".
De hecho, Chamorro ha avanzado que el próximo año se licitará la construcción de un centro de interpretación y las obras necesarias para mejorar el acceso al humedal, "gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía en la gestión de los fondos para proyectos de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi)".
Al mismo tiempo, la primera edil ha destacado "la sensibilidad mostrada por la consejera Carmen Crespo y la de todo el Gobierno andaluz para atender la necesidades de la ciudad de Motril".
La colaboración con la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas se convierte en otro de los retos, así como la reintroducción de especies de fauna y flora autóctonas cuyos hábitats coincidan con los presentes en el humedal y, especialmente, las que dispongan de algún régimen de protección.
Merced al convenio, ambas partes se comprometen a desarrollar actividades asociadas a la observación de avifauna desde los senderos, observatorios y miradores dispuestos para ello.
Entre las actuaciones prioritarias a desarrollar se hallan el seguimiento de los parámetros fisicoquímicos del agua y del régimen del agua; actividades de educación ambiental y sensibilización sobre los valores naturales del humedal; seguimiento del humedal y de las poblaciones de fauna y flora silvestres que habitan en él; la restauración de la vegetación; la mejora de la calidad hídrica, la restauración del régimen hídrico; la creación de nuevas masas de agua; y el control y erradicación de especies exóticas.
Así como la vigilancia, control y notificación a la administración competente de las actividades y actuaciones realizadas en el entorno de la Reserva Natural Concertada que puedan incidir negativamente sobre sus valores y cualidades.
La Consejería se compromete a la elaboración, diseño y ejecución de campañas para promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales de la Reserva Natural Concertada e instalar la señalización general y la específica para un mejor control de los visitantes y evitar molestias en las especies protegidas.
El convenio tiene una vigencia de cuatro años, aunque las partes podrán acordar de mutuo acuerdo la ampliación.