La Junta de Castilla y León publicará el próximo 14 de abril una norma a través de la que se equipararán las indemnizaciones que reciben los ganaderos afectados por los ataques de lobo de la zona norte de Duero a los del sur, al tiempo que se incrementarán las ayudas en ambos casos para incluir, entre otras cuestiones, las pérdidas por núcleo cesante.
Así lo ha avanzado el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha explicado estas modificaciones junto al representante de Asaja, Joaquín del Pino; el secretario general de UPA-COAG, Aurelio González, y el coordinador regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacín.
En concreto, Suárez-Quiñones ha explicado que la nueva orden establecerá los daños compensatorios por daños a la ganadería producidos por el lobo que tienen como objetivo principal extender al norte el régimen de pagos compensatorios que ya se aplican en el sur de Duero, a lo que se sumará un incremento en ambos casos tanto del baremo de los pagos que se van a realizar por daño emergente como por núcleo cesante.
Además, esta equiparación del norte con el sur se hará con carácter retroactivo a 21 de septiembre de 2021, fecha en la que el Gobierno de España "prohibió la gestión de lobo a las comunidades autónomas". Con esta extensión se posibilita que "no haya ningún hueco en el que los ganaderos no puedan hacer solicitud de pagos compensatorios" y demuestra "el compromiso indudable de la Junta con los ganaderos".
Asimismo, ha detallado que con este nuevo baremo la cantidad de las ayudas que dedica la Junta a las pérdidas en la cabaña ganadera se va a duplicar al pasar de 2,5 millones de euros a más de cinco millones con el nuevo régimen.
Suárez-Quiñones ha defendido que el motivo principal que ha llevado a esta modificación has sido la orden dictada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a través de la que privaba a las autonomías de la gestión del lobo, especie que, hasta entonces, estaba protegida en el sur pero se podía cazar en el norte, con lo que, al "controlar" la especie no era susceptible de indemnizaciones, ya que, en el caso de que se produjera algún ataque los responsables eran los titulares de los cotos.
"Existe una situación de falta de compromiso por parte del Gobierno de España, que no sólo elimina la gestión, sino que deja a los ganaderos totalmente desprotegidos ante el incremento de daños", ha defendido el consejero, quien ha insistido en que se ha detectado una importante "proliferación" de la población de lobo en Castilla y León de hasta el 19 por ciento en 2022 al pasar de 4.266 cabezas de ganado muertas por esta causa en 2021 a 5.080 en 2022.
Los provincias más afectadas con incrementos de hasta el 30 por ciento son Ávila con 1.632 muertes, Zamora con 1.131 y Segovia con 989.
Otras de las novedades que introducirá esta orden es la mejora en los baremos, ya que ahora se establece uno único para terneros de 0 a 6 meses, un periodo que antes se dividía en dos, además se mejoran las cuantías que incluyen el daño emergente, es decir, los gastos fijos asociados a la pérdida del animal y los trámites.
Del mismo modo, se indemniza el núcleo cesante, es decir, la ganancia potencial que deja de obtener el agricultor por la pérdida de este animal, además de un pago compensatorio por los gastos de veterinario que incluye la eutanasia para un animal herido.
La orden incluye también bonificaciones del 10 por ciento en el caso de que se acredite que en la explotación se han incluido medidas preventivas de autoprotección.
Asimismo, Suárez-Quiñones ha señalado que ya existe un censo de lobos elaborado de forma conjunta por Castilla y León, Cantabria y Asturias en el que, a falta de datos más precisos, se ha detectado un incremento constante de la población al pasar de unos 400 lobos a los 2.000 actuales.
"Desde la Juta vamos a seguir luchando contra este régimen impuesto por el Gobierno de España con la permanencia del recurso Contencioso-administrativo, por esta intervención en perjuicio mercado ganadero con una protección excesiva del lobo totalmente innecesaria, que no se ha basado en razones de conservación de la especie y se ha centrado sólo en razones ideológicas", ha zanjado Quiñones.
Tras conocer esta orden, el representante de Asaja ha incidido en la importancia de que ahora la Junta reconozca el núcleo cesante por lo que supone y por el "reconocimiento" del Ejecutivo regional a un sector que ha sido "demonizado" por el Gobierno central con órdenes que, a su juicio, "no tienen sentido".
Joaquín del Pino ha asegurado que los ataques de lobo se están incrementado y, además, la especie "no está en buen estado de conservación. "La ministra no tiene ni idea de lo que ocurre en los pueblos, la mejor medicina para el lobo es el plomo", ha zanjado.
Por su parte, Aurelio González de UPA-COAG ha asegurado que este paso dado por la Junta es una "mejora importante y necesaria" aunque, como ha manifestado, "llega tarde". "El Ministerio no escuchó a las comunidades autónomas ni a las organizaciones profesionales agrarias a la hora de sacar su orden", ha concluido.
Finalmente, Jesús Manuel González Palacín ha mostrado su satisfacción por la nueva orden y ha tildado de "nefasta" la regulación del lobo por parte del Gobierno regional. En este punto, ha recordado que otros animales como lo buitres también causas daños por un cambio en sus hábitos de comportamiento y el ataque a animales vivos.
