Las comunidades de Andalucía, Galicia, País Vasco, Asturias y Cantabria han mostrado este viernes su apoyo a los ministerios de Pesca y de Asuntos Exteriores para presentar un recurso contra la decisión de la Comisión Europea (CE) de cerrar a la pesca de fondo 87 zonas del Atlántico noreste.

En una rueda de prensa conjunta en la sede de la Consejería de Pesca del Gobierno de Cantabria tras mantener una reunión, la consejera del área de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, la titular de Andalucía, Carmen Crespo, el consejero cántabro, Guillermo Blanco, el viceconsejero de Pesca del País Vasco, Bittor Oroz, y el director general de pesca de Asturias, Francisco José González, han agradecido la defensa del Ministerio de Pesca ante la situación que afecta al sector pesquero de estas comunidades.

Blanco ha explicado que esta reunión ha sido a petición de la consejera gallega y que, aunque aún no se sabe si el Ministerio ha tomado una decisión de presentar el recurso, cree que lo hará y que cuando lo haga contará con el apoyo de estas cinco comunidades, que son las que se ven afectadas por esa decisión de Bruselas que supondrá el cierre a las artes de fondo, el próximo 9 de octubre en 87 zonas consideradas vulnerables, lo que afecta a las flotas como las del Golfo de Cádiz, Gran Sol (IRlanda) o el Cantábrico.

Y es que, según ha asegurado la consejera gallega, serán los propios departamentos de las consejerías de Pesca de estas comunidades las que buscarán "más argumentos" para complementar los que pueda presentar el Ministerio en el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

"Nos da igual que nos admitan o no el recurso en el Tribunal, los ciudadanos de la Unión Europa tienen que ser conscientes de que en España vamos a defender al sector pesquero y que la comisión tiene que tener en cuenta no sólo los aspectos medioambientales sino también los sociales y los económicos", ha añadido Quintana.

Los representantes de todas las comunidades han tachado de "injusta" la decisión de Bruselas y han advertido que presenta "fallos de forma y de fondo" y que se ha tomado sin tener en cuenta ningún informe científico actualizado ni siquiera estudios socio-económicos del impacto que esta decisión puede tener en el sector pesquero y que, además, va en contra del reglamento de aguas profundas.

Por ello, han solicitado una moratoria para que hasta el mes de diciembre las comunidades puedan reorganizar la situación en las costas que se ven afectadas por esta decisión.

Y han planteado que se debe estudiar una nueva medida para que sean los países miembros los que tomen una decisión para actuar por debajo de los 400 metros y no la Unión Europea, algo que resolvería "gran parte de este problema".

"Los países miembros estamos deseosos de cumplir con las prácticas medio ambientales, sobretodo en el sector pesquero, pero necesitamos que se de en este momento las reglas de juego claras sin transgredir las reglas que nos hemos dado todos los europeos", ha explicado la consejera andaluza.

Crespo ha añadido que Andalucía es la segunda comunidad más afectada por esta medida, algo que afectaría a un 25 por ciento de la flota, lo que son unos 126 barcos.

La zona clausurada abarca 16.419 kilómetros cuadrados reservados a la protección de los ecosistemas marinos vulnerables entre los 400 y 800 metros de profundidad, lo que representa el 1,16 % de las aguas comunitarias del Atlántico noreste.

Los cierres afectan a los buques que se dedican a la pesca de fondo, es decir, que cuentan con redes de arrastre de fondo, dragas, redes de enmalle de fondo, palangres de fondo, nasas o almadrabas.

La prohibición se aplicará a todos los buques de los Estados miembros de la UE y de terceros países que operen en aguas comunitarias.