La falta de agua se ha convertido en un problema capital. Siempre lo habíamos tenido. ¿O no recuerdan ustedes las campañas en favor del ahorro del líquido elemento en sequías pasadas? No es algo que nos pille de nuevas, pero lo cierto es que ahora, cuando el cambio climático es una evidencia palmaria que nadie puede negar y en la Costa del Sol la población se duplica debido a la temporada alta turística, nos damos cuenta de la importancia de ser sostenibles en el crecimiento. Ya no se trata solo del turismo. También nos referimos a los cultivos agrícolas y al uso que, del agua, hace la industria, así como también del consumo ciudadano. Pero es un problema poliédrico: el otro día un experto indicaba que había respuestas y soluciones a esta situación, pero lo cierto es que algunos ayuntamientos malagueños ya están restringiendo el uso del agua en las duchas de la playa o para el riego. Está por ver cómo se desarrolla la situación, pero parece que las altísimas temperaturas y las sequías recurrentes han venido para quedarse entre nosotros durante mucho tiempo. Cabe recordar que hay unas cuantas infraestructuras hídricas prometidas que nunca se han llevado a cabo, y hablo de diferentes administraciones; y, por otro lado, existe oposición ciudadana a algunos de los mismos por su afección potencial al medio ambiente, como puede ocurrir, por ejemplo, con las desaladoras, una infraestructura común en otras comunidades como Canarias, dada la perenne falta de agua que sufren por aquellas latitudes. El camino a corto plazo está marcado y es evidente: restricciones en el uso del agua y conciencia ciudadana; a medio plazo, planificación política y administrativa de soluciones que palíen la situación y, a futuro, la ejecución de infraestructuras que permitan regular nuestra respuesta a las sequías. Ahora bien, todo ello debe ir acompañado de un cambio de mentalidad en nuestras diferentes administraciones: se impone ya que, entre las medidas a adoptar, haya algunas contra el cambio climático. Y hablo de todos los niveles de la administración, no sólo en el Gobierno central o en el autonómico, sino de los ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones, que al fin y al cabo son las instituciones más cercanas a los ciudadanos y de las que depende la gestión de estos asuntos. Este tema hay que tomárselo en serio, porque ya vamos tarde, muy tarde, y nos jugamos el futuro de nuestros hijos y nietos. El agua debe ocupar un espacio central en la agenda pública.