El pasado mes de octubre el alcalde de Estepona, José María García Urbano, firmó dos decretos abriendo sendos expedientes disciplinarios al Secretario Adjunto, José Manuel Duarte, “por faltas leves” a raíz de los informes emitidos por un Técnico de Recursos Humanos. Se le suspendía entonces de empleo y sueldo. Una medida cuya vigencia expira el próximo 18 de abril. Sin embargo, el funcionario, con plaza en el Consistorio esteponero desde el año 2003 y con una dilatada trayectoria profesional como habilitado nacional en distintos ayuntamientos, vuelve a estar en el ojo del huracán.

Según consta en una moción presentada por la responsable de Personal, Pilar Fernández, Fígares, se llevará a la comisión informativa de este lunes la propuesta de ampliar la sanción al funcionario. Posteriormente tendrá que ir a pleno y, dada la mayoría que ostenta el Partido Popular,  todo hace suponer que saldrá adelante con los votos favorables de los concejales del equipo de Gobierno.

Los expedientes
La propuesta de la edil de Personal pasa por otros diez meses de suspensión de empleo y sueldo como consecuencia de unas “faltas  cometidas tipificadas como graves (...) - por grave desconsideración con superiores, compañeros y subordinados, así como un atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración)”.

En lo que respecta al segundo expediente, se solicitan otros dos meses más para la falta grave por “incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo”. Como ya informó en su día ESTEPONA INFORMACIÓN, el Ayuntamiento argumentaba en el primero de los decretos que los concejales Ana Velasco y José Antonio Vílchez hicieron constar que “el funcionario con habilitación de carácter estatal que presta servicios en esta Corporación, D. José Manuel Duarte Domínguez, a las 12:00 de la mañana aproximadamente, se dirigió de forma agresiva y amenazante a los mismos, en presencia de testigos y en la vía pública”. El alcalde de la localidad en fecha 30 de agosto firmaba un decreto incoando expedientes disciplinario “por la presunta comisión de dos faltas leves”.

El otro expediente disciplinario vino motivado por la negativa de José Manuel Duarte de recibir documentación que provenía de la Alcaldía-Presidencia. Según constaba en el decreto firmado por José María García Urbano, “en su calidad de Secretario Adjunto le corresponden, entre otras, las atribuciones de coordinación y supervisión del Inventario Municipal de Bienes, así como la emisión de los correspondientes certificados relacionados con el mismo, No obstante lo anterior, de forma reiterada viene exigiendo para la realización de las labores encomendadas que las certificaciones sean visadas por la Alcaldía-Presidencia con anterioridad a su expedición por el mismo. A todo ello se une la negativa a recibir documentación emitida por esta Alcaldía-Presidencia, cuya supervisión está directamente atribuida por la ya mentada resolución y originando un considerable retraso en los expedientes y una dejación de sus funciones encomendadas”. Se complican ahora las cosas para el Secretario Adjunto que se enfrenta a un año más de suspensión de empleo y sueldo.

Antecedentes
Si algo ha quedado claro en todo este tiempo es que la relación entre el funcionario público, el alcalde y sus concejales, no es lo que se pueda denominar “cordial”. El origen de los problemas se remontan al momento en que José Manuel Duarte envió a principios del año 2012 un polémico escrito a la Subdelegación de Gobierno y a la Subdelegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga en el que se relataban una serie de supuestas irregularidades en la gestión del equipo de Gobierno popular. Un asunto éste que meses más tarde fue archivado por la propia Junta de Andalucía.