Tres meses después de hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo del Juicio al procés, se activa el juicio al mayor Trapero, que se encuentra imputado por un delito de sedición.

El juicio a Trapero tiene su origen en la investigación por los disturbios que se produjeron en Barcelona, el pasado 20 de septiembre de 2017, con motivo de la manifestación por el referéndum del 1-O. En ese día, miles de personas se concentraron a las puertas de la Consejería de Economía de la Generalitat con la intención de impedir los registros que una comisión judicial estaba llevando a cabo, cumpliendo la orden del Juzgado número 13 de Barcelona.

Un especialista, como Manuel Rincón de abogadospenalistas24.es, podría realizar un trabajo de excepción como defensor legal en este tipo de casos, pues cuenta con un equipo de expertos en Derecho Penal acostumbrados a tratar casos de elevada popularidad mediática, como el que concierne a este artículo.

Factores y actores en el juicio a Trapero

La acusación de la Fiscalía pide 11 años de prisión para el policía con la graduación de mayor en los Mozos de Escuadra (la policía autonómica catalana) y que fuera jefe del cuerpo de los Mozos de Escuadra entre los años 2013 y 2017; Josep Lluís Trapero.

Primer factor; la Fiscalía

En el juicio a Trapero, la acusación inicial sigue siendo el delito de rebelión, incluso después de que la sentencia del juicio al procés de Tribunal Supremo se haya rebajado hasta el delito de sedición. En cualquier caso, a la Fiscalía todavía le queda tiempo suficiente para rectificar esta acusación. Puede hacerlo antes de empezar el juicio y también al final (justo antes de las conclusiones), o bien durante los escritos previos.

En esta nueva etapa, ya con Sánchez en el gobierno como presidente y ya nombrada Dolores Delgado como nueva fiscal general del estado, se verá si se mantiene el mismo escrito de acusación o si fiscal progresista puede llegar a convencer a Miguel Ángel Carballo (teniente fiscal de la Audiencia Nacional) y a Pedro Rubira Nieta (Fiscal de la Audiencia Nacional) de rebajar la petición de condena.

Un actor crucial; Quim Forn

Quim Forn ya está condenado a 10 años y medio de prisión por un delito de sedición desde noviembre de 2017, uno menos que el propio Trapero, el cual recibía ordenes de este político, jefe de los Mossos en el momento de la rebelión.

La condena de Quim Forn se deriva de la orden para un comportamiento policial que “permitiera simular su aparente cumplimiento con el decidido propósito de hacer inefectivas tales legítimas órdenes jurisdiccionales y del fiscal superior”. Según el tribunal, se han localizado claros episodios de complicidad entre la policía, los ciudadanos rebeldes y algunos responsables políticos.

En cualquier caso, no parece lógico acusar y condenar a la cúpula política de los Mossos de Escuadra o al mayor Trapero a penas más altas que las consideradas para su superior, que era en esos momentos el máximo responsable de la actuación de la policía, el conseller Joaquim Forn.

El procés y su sentencia

Sin embargo, a pesar de la escala de responsabilidades lógicas, el tribunal termina por hacer responsable del operativo policial al propio Trapero, ya que el Conseller se limitó a aceptar los criterios que le propuso el jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero.

En estos criterios se fijaba como fundamental para la intervención policial la preservación de la convivencia. Con esta actitud se presentaba de manera más o menos verosímil la verdadera intención, que no era otra que una actuación por parte de este cuerpo policial para no entorpecer el objetivo delictivo de los coacusados. Es decir, según la sentencia, todo el operativo policial estaba pensado y organizado para permitir el referéndum. De este modo, se impendía hacer efectivo el mandato de la magistrada del Tribunal Superior de Catalunya.

Trapero

En el juicio, Josep Lluís Trapero declaró como testigo, desvelando parte de su estrategia de defensa, que no era otra que la de distanciarse de los políticos. Explicó de manera rotunda y directa el plan para detener al propio Puigdemont y a todo su gobierno si hubiese llegado la orden, manteniendo siempre que podía en sus declaraciones la separación de poderes.

En sus afirmaciones llegó a ser tajante cuando acusó al conseller de haber realizado declaraciones irresponsables, aunque matizó que no ordenó directamente ni mandó a realizar ningún acto ilegal a los Mossos durante su mandato.

No dudó en dejar también bastante claro que fue la imagen de ilegalidad que se quiso verter sobre la proclamación de la República, así como de la organización y objetivo del referéndum del 1 – O, lo que terminó por provocar el proceso contra los mandos de los Mossos, entre los que se encuentra él mismo incluido.