El Gobierno ha solicitado a Francia la extradición del exdirigente de la banda terrorista ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, que causó la muerte a 11 personas, seis de ellas niños.
Así lo ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que la petición de entrega a España procede del juzgado central de instrucción número dos de la Audiencia Nacional.
"Estamos hablando de una barbarie, de una masacre", ha dicho Celaá antes de reiterar que "todos tendrán que rendir cuentas con la Justicia", incluido Ternera, detenido el pasado 16 de mayo en Francia.
Celaá ha señalado que aún no hay calendario previsto para esa extradición y ha querido aprovechar para resaltar la "muy estrecha" colaboración entre las autoridades policiales y judiciales de España y Francia, basada en la confianza mutua.
Josu Ternera fue arrestado por agentes de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) de Francia, en colaboración con la Guardia Civil, cuando se dirigía ese día al hospital de Sallanches.
En la petición de extradición, según informa el Ministerio de Justicia, se le imputa al etarra un presunto delito de atentado terrorista con resultado de muerte, diez delitos de asesinato y 63 delitos de asesinato frustrado.
Los hechos por los que se investiga en esta causa corresponden al atentado con coche bomba contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, cometido el 11 de diciembre de 1987.
Urrutikoetxea Bengoechea, que por entonces era integrante del comité ejecutivo de la organización terrorista, participó supuestamente en la colocación de un coche bomba con unos 250 kilogramos amonal y cuya explosión causó la muerte de 11 personas, originó lesiones a otras 73 y provocó cuantiosos daños materiales.
El dirigente de ETA fue detenido en Francia para cumplir una condena de ocho años de prisión impuesta por la justicia francesa en junio de 2017 por su pertenencia al aparato político de la banda terrorista.
Sin embargo, el Tribunal de Apelación de París decretó su libertad vigilada mediante un dispositivo telemático permanente debido a sus problemas de salud, además de imponerle, como medida cautelar, comparecencias semanales en una comisaría de la capital.
Pero Josu Ternera volvió a ser enviado a prisión -esta vez con fines de extradición- el pasado 19 de junio después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recordara a las autoridades francesas que estaban en vigor varias órdenes europeas de detención y entrega contra él.
Comenzó a contar entonces un plazo de 40 días para remitir a Francia la solicitud de extradición, plazo que se cumple el próximo 29 de julio.
La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, que ha llevado su propuesta al Consejo de Ministros, ha informado además de otra de las causas abiertas contra el dirigente de ETA y que también requerirá un acuerdo del Consejo de Ministros que solicite la extradición.
Se trata del asesinato de Luis María Hergueta, directivo de la factoría Michelín de Vitoria que murió tiroteado en las cercanías de su domicilio el 25 de junio de 1980.
Josu Tenera está encausado por esos hechos en el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, donde se le imputa un delito de asesinato terrorista.
Tanto en este caso como en el de la Casa Cuartel no rige el procedimiento de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) -el habitual entre los Estados miembros de la Unión Europea y mucho más ágil- debido a que la legislación francesa impide recurrir a este último instrumento de cooperación comunitario para hechos delictivos anteriores al 1 de noviembre de 1993.
Una vez solicitada la extradición de Urrutikoetxea por el Consejo de Ministros, la documentación del caso se remitirá por valija diplomática a Francia para que la magistrada española de enlace en París la haga llegar a los tribunales de ese país.
Además de estos dos procesos, en la Audiencia Nacional hay otras dos causas abiertas por las que se le reclama pero que, al tramitarse por el procedimiento de la OEDE, no requerirán intervención del Consejo de Ministros.
La primera procede del Juzgado Central de Instrucción 3 por un supuesto delito de lesa humanidad. El Juzgado Central de Instrucción 5 mantiene abierta una segunda por financiación del terrorismo.
