El malestar de los ciudadanos por los efectos de la crisis y el deficiente funcionamiento de los servicios públicos ha disparado el número de quejas al Defensor del Pueblo, que en 2017 tramitó 25.776 expedientes, un 48,17 % más que el año anterior.

Tras entregar la Memoria 2017 de la Institución en las Cortes, el defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha lamentado las "actitudes imperativas y excesivamente categóricas" de las autoridades, que están generando ese malestar en la ciudadanía, por lo que ha reclamado políticas de redistribución de las rentas para superar la fractura social generada por la crisis.

"La crisis cavó un pozo de desigualdades sin precedentes en España", ha sentenciado Fernández Marugán, quien ha explicado que los españoles han transmitido al Defensor su "insatisfacción en los años duros de la crisis, pero también en la recuperación".

En 2017, la Institución tramitó 25.776 expedientes, la mayor parte quejas (24.976), investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40).

A la cabeza de las quejas se sitúan las relacionadas con la tardanza y dificultades para tramitar el DNI y el carné de conducir (6.008), seguidas de las referidas a la función pública (4.417) y a los retrasos en la administración de Justicia (3.395).

No obstante, Fernández Marugán ha trasladado la preocupación de los españoles por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en los derechos sociales y en las prestaciones.

Además, dirigió a las administraciones 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y 2 advertencias. En total, se formularon 2.338 resoluciones, lo que supone un incremento del 32 % con respecto al año anterior.