El 'cabecilla' de la trama Gürtel, Francisco Correa, y el empresario Alfonso García-Pozuelo están citados a declarar el próximo jueves, 23 de marzo, ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por la reapertura de la causa en la que se investiga la existencia de una 'caja B' del PP.

La reapertura de esta causa se concretó a raíz de unas revelaciones que hizo el propio Correa en el juicio del caso Gürtel, donde detalló que empresas como OHL, ACS y Dragados recurrían a sus servicios para que mediase por ellas ante los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, entre otros. A cambio, aseguró que tras intervenir en la concesión de "muchas obras", abonó comisiones de entre el 2 y el 3 por ciento al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Por su parte, García-Pozuelo afirmó en el mismo juicio que el destino del dinero entregado a Correa procedía de "organismos centrales", refiriéndose --según indican las acusaciones en sus escritos-- a los citados ministerios, además del PP, y que las cuatro empresas que abonaron comisiones son OHL, ACS, Dragados y Degremont.

Tras estas declaraciones, tanto la Fiscalía Anticorrupción como dos de las acusaciones populares personadas en distintas piezas de la trama Gürtel, IU y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), pidieron la reapertura de la causa de la 'caja B'.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 lo consideró pertinente, ya que subrayó que tanto las declaraciones de Correa como de García-Pozuelo, además de las del intermediario Plácido Vázquez, son "relevantes y útiles", así como "novedosas". Por ello, citó a declarar a García-Pozuelo el jueves 23 de marzo a las 10.00 horas; a Correa, el mismo día a las 12.00 horas; y a Vázquez al día siguiente a las 10.00 horas.

DE MOMENTO NO DECLARAN NI BÁRCENAS NI VILLAR MIR

Sin embargo, el magistrado ha rechazado por el momento la declaración de otras personas que habían solicitado las partes, como el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, a Luis Bárcenas y al empresario Rafael Palencia, sin ofrecer ningún tipo de explicación. Sobre el exministro de Medio Ambiente Jaume Matas, alega que no consta que haya prestado declaración ante el fiscal o ante otro juez.

Según explicó De la Mata en su auto de reapertura de la causa, las revelaciones de Correa y García-Pozuelo "son los únicos testimonios que apuntan a una relación entre las entregas de dinero para la realización de gestiones tendentes a la consecución de contratos públicos, ofreciendo además un relato consistente sobre la metodología aparentemente seguida para 'gestionar' las solicitudes de las empresas y la mecánica de la distribución de las ganancias obtenidas por las comisiones entregadas por las empresas en caso de 'éxito' en la adjudicación pretendida".

Además, recordó que el objeto de esta investigación es comprobar si existe una 'caja B' del PP y si en las determinadas anotaciones en los conocidos como 'papeles de Bárcenas', "por rudimentario que sea", reflejan las "contraprestaciones en metálico" obtenidas por el PP y determinadas personas a cambio de "interceder o presionar" con el fin de obtener determinadas adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de las comisiones ilícitas.

DOS AÑOS DESPUÉS DE CONCLUIR LA INSTRUCCIÓN

La declaración de Correa y García-Pozuelo tendrá lugar exactamente dos años después de que concluyera la instrucción de los 'papeles de Bárcenas'. El juez instructor de entonces, Pablo Ruz, consideró acreditado que el PP "se sirvió durante 18 años" --desde 1990 hasta al menos 2008-- de varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entrada y salida de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas.

En un auto de 190 folios, el magistrado concluyó que existen "indicios sólidos y fundados" para llevar a juicio a los extesoreros 'populares' Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta --exonerado de cualquier responsabilidad en el juicio de la primera época de Gürtel por demencia sobrevenida--, y al exgerente Cristóbal Páez por delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida.

Ruz consideró al PP responsable civil subsidiario por las donaciones que recibió en 2008 y el pago en negro de 1.552.000 euros de las obras de su sede a la empresa Unifica y propuso juzgar a otras tres personas, los socios del estudio de arquitectura Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero, a los que le atribuyó, además del delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental.

El juez apuntó que en el "plano indiciario" el PP sería "responsable" de un delito contra la Hacienda Pública por "no haber presentado la declaración por el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio de 2008", pues esas donaciones, que superaban el millón de euros, "no cumplían con los presupuestos, requisitos y limitaciones, tanto formales como materiales, establecidos en la normativa vigente reguladora de la financiación de los partidos políticos".

Y consideró a los extesoreros del PP "incorporaron al patrimonio del primero determinados fondos de la formación política que fueron empleados para la suscripción de acciones en la ampliación de capital de Libertad Digital".