El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusado este miércoles a la democracia española de haber enfermado por enviar a juicio el expresidente Artur Mas y las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega por la consulta soberanista del 9N, y considera que esta enfermedad "viene de lejos".
Lo ha dicho en una intervención ante el pleno del Parlament a petición propia e inesperada, y donde ha dicho que el Estado sufre una deriva recentralizadora acelerada tras la sentencia del Estatut y la recogida de firmas del PP contra la norma: "La democracia española tiene un problema estructural que la va deteriorando".
"Una democracia que envía a juicio a los responsables políticos de una jornada tan edificante y sana como el 9N y que crea un profundo y noble sentido de ciudadanía es una democracia que ha enfermado, y viene de lejos", ha añadido.
También ha afeado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se haya ofrecido como "interlocutor" de Estados Unidos y América Latina en Europa al presidente estadounidense, Donald Trump, pero no quiera dialogar con la Generalitat sobre el referéndum.
"No querer hablar es una decisión errónea e irresponsable. Si uno se ve capaz de hacer de interlocutor entre Donald Trump, con lo que representa, y América Latina, debería ser aún más capaz de ser interlocutor activo con Cataluña", ha expuesto ante el pleno, durante el cual los diputados de JxSí han colocado una urna de papel en el escaño de Rigau, diputada y juzgada estos días por el 9N.
Según Puigdemont, se juzga a las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega y al expresidente Artur Mas por su "fidelidad" al encargo del Parlament y, en consecuencia, de los ciudadanos: por eso considera que el pleno de este miércoles no podía empezar como si no pasara nada, ni ser indiferente a que se juzga a unos responsables políticos que permitieron el voto de 2,3 millones de catalanes el 9N.
En su opinión, la gran mayoría de catalanes, al margen de lo que opinen sobre el vínculo que debe tener Cataluña con el resto de España, han demostrado una actitud democrática y ejemplar cuando ha sido necesario movilizarse para defender derechos fundamentales, ya sea para votar, ya sea para rechazar el terrorismo y para rebelarse contra las "mentiras" del Gobierno central tras el atentado del 11M.
También ha acusado veladamente al PSOE de estar entregado al Gobierno central y a Cs de actuar como una corriente interna del Ejecutivo, y ha cargado contra medios públicos y privados --sin citarlos-- por apoyar eso y "si es necesario, con un muro de desinformación y de verdaderas manipulaciones y mentiras para que los españoles tengan dificultades para contrastar la propaganda" que les sirven.
Tras asegurar que una democracia en que no importe qué opinan los ciudadanos es incompleta, ha criticado que el Gobierno central no responda con diálogo ni propuestas, además de considerar "una democracia de intensidad variable, que se regula a conveniencia de la mayoría que gobierna" cuando el Estado desobedece sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y nadie actúa al respecto, entre otras cuestiones.
Ha censurado que se acuse a los catalanes de intentar coaccionar a los jueces con su movilización en apoyo a Mas, Ortega y Rigau mientras hay "directores de diarios que acusan y afinan el veredicto" que debería salir del 9N, entre otras cuestiones.
"LA NORMALIDAD DE LA IMPUNIDAD"
"Es la normalidad de la impunidad", ha resaltado Puigdemont, que también ha contrastado que se juzgue el 9N mientras, en su opinión, se recoloca al exministro Federico Trillo tras la polémica del Yak-42, y nadie actúa cuando trascienden las conversaciones entre el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el entonces director de la Oac Daniel de Alfonso.
También ha dicho que "se puede caer en la indecencia de vincular la conferencia de Bruselas con la muerte de una niña --así ha aludido implícitamente al delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo-- mientras se impide saber que se ha pagado con fondos privados la vida privada del antiguo jefe de Estado", y además ha criticado que se subvencione con dinero público la Fundación Francisco Franco.
"Dicen que todo esto es legal y, por tanto, democrático, y el 9N, como no era legal, no era democrático. Con este criterio, luchar contra la objeción de conciencia sería antidemocrático", ha zanjado.
