El pacto alcanzado por el PP y Ciudadanos incluye una veintena de medidas dedicadas a la reforma de la Justicia entre las que se propone incrementar la independencia del fiscal general del Estado y de la judicatura en general.
El acuerdo está dirigido a "despolitizar la Justicia" y lograr la vuelta de "Montesquieu", según ha dicho Albert Rivera, y entre otras cosas plantea una reforma del Estatuto Fiscal que permita que el Congreso de los Diputados pueda "reprobar y cesar" al máximo responsable de la Fiscalía General.
También incrementa en cinco años la experiencia exigida a los aspirantes al cargo, que deberán ser elegidos entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 20 años de ejercicio efectivo de su profesión, en lugar de los 15 actuales.
LA INDEPENDENCIA, REQUISITO DE LA LEY
La reforma del ministerio fiscal tendrá que incluir, además, mención expresa a "la capacidad e independencia acreditadas" del candidato, todo ello con la intención de "fortalecer su autonomía y eficacia".
El pacto pretende ampliar esta garantía de independencia a toda la judicatura y plantea limitar 'las puertas giratorias' entre la política y la carrera judicial estableciendo "estrictos" plazos de moratoria aplicables a aquellos magistrados que hayan abandonando sus funciones para acceder a cargos políticos y quieran regresar.
El espíritu alcanza al Tribunal Constitucional, cuyos magistrados deberán estar exentos de incurrir en todo un catálogo de incompatibilidades similar al que ya cerró Ciudadanos con el PSOE.
Estas medidas vienen a sumarse a la renovación de la elección de los miembros el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya mayoría --12 de los 20 integrantes del órgano de gobierno de los jueces-- será designada por elección directa de los miembros de la judicatura. Un compromiso "histórico", ha destacado Rivera.
Así, los dos partidos impulsarán, desde el necesario consenso parlamentario, la reforma del régimen de elección de los vocales para que la docena de procedencia judicial sean elegidos directamente por jueces y magistrados. Eso sí, la elección parlamentaria está grabada en la Constitución de 1978.
El pacto elimina además a posibilidad de que los parlamentos autonómicos puedan proponer magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y reforzará los requisitos para la promoción interna en la carrera fiscal para que prime la exigencia de los principios de mérito y capacidad.
ESTRATEGIA NACIONAL
La medidas se encuadran en un bloque completo sobre la mejora de la "modernización y eficacia de la Justicia" que arranca con la promesa de impulsar una Estrategia Nacional desde el diálogo con la intervención d todas las fuerzas políticas, los distintos operadores de la Justicia y los ciudadanos.
"Una Justicia acorde a la realidad del siglo XXI, asegurando la independencia de su funcionamiento y fortaleciendo su configuración como servicio público de calidad orientado a las necesidades de los ciudadanos", dice el pacto.
Para ello, se incrementarán los medios humanos y materiales, se agilizar la implantación de la Oficina Judicial y la Oficina Fiscal y se impulsarán las herramientas digitales y un sistema de gestión procesal común que venga a sustituir a los distintos con lo que funcionan actualmente las comunidades autónomas.
VIGILAR LOS PLAZOS DE INSTRUCCIÓN
Entre las iniciativas incluidas en el compromiso de PP y C's se encuentra 'Justicia 24horas' o la Sede Judicial Electrónica. Fomentar la cita previa y la tramitación electrónica, la simplificación de trámites y la reducción de la documentación requerida al ciudadano, son otras de las promesas.
'Populares' y miembros de C's se proponen también realizar un seguimiento de los límites a la duración de la instrucción introducidos en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y reformar la Ley de Tasas Judiciales para adaptar su contenido a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que elimina las impuestas a PYMES y entidades sin ánimo de lucro.
La intención es, además priorizar la atención a las víctimas mediante el pleno desarrollo de su Estatuto y la implantación de Oficinas de atención. Fomentar un tratamiento especifico para los menores de edad en todos los procesos judiciales, atendiendo a sus necesidades, es otro de los compromisos.
REVISIÓN DE LA 'LEY MORDAZA'
En materia de Interior, los firmantes reafirman la vigencia de los pactos contra el terrorismo, abogan por perseguir cualquier acto de enaltecimiento u homenaje a los terroristas, impulsarán el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el yihadismo, y promoverán una revisión de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza', para "mejorar diferentes aspectos de su regulación, intensificando las garantías y promoviendo una mayor eficacia, especialmente frente a las amenazas más graves".
En el capítulo europeo, ambos partidos prometen defender mayor integración en la UE, una solución justa, responsable y solidaria a la crisis de los refugiados y se comprometen a mantener un papel activo de España en la OTAN, "asumiendo las responsabilidades internacionales acordadas con nuestros socios y aliados para garantizar la seguridad y promover la paz y la estabilidad".
