PP y Ciudadanos se comprometen a no subir el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), rebajarlo en dos puntos una vez que el déficit público se sitúe por debajo del 3%, reformar en profundizar el Impuesto de Sociedades y reclamar el dinero que se dejó de recaudar por la amnistía fiscal.

Estas son las principales medidas fiscales incluidas en el pacto de investidura firmado por PP y Ciudadanos y en el que se establece que "la gestión del gasto e ingresos públicos debe aspirar a la mayor eficiencia posible, eliminando duplicidades administrativas, conteniendo el gasto superfluo, repartiendo las cargas y beneficios de la política fiscal de forma justa, asegurando que se premie a los que cumplen y castigue a los que defrauden, y favoreciendo el crecimiento, la creación de empleo y la atracción de capital humano".

Para ello ambas formaciones se comprometen a realizar una revisión integral e independiente del gasto público para identificar gasto superfluo y eliminar duplicidades administrativas.

También han acordado rebajar el IRPF en 2 puntos hasta dejarlo entre el 18% y el 43,5% una vez que España haya alcanzado el objetivo europeo de reducir el déficit público por debajo del 3%. "Hasta entonces, en ningún caso se subirá el IRPF", se afirma en el documento.

REFORMA INMEDIATA DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES

PP y C's se comprometen a reformar "en profundidad" el Impuesto de Sociedades para cerrar agujeros, mejorar el control y recaudar más sin subir los tipos nominales de este impuesto, con el objetivo de aproximar los tipos efectivos de las grandes empresas a los nominales para aproximar la recaudación a la media de la zona euro.

A la mayor brevedad, y en un plazo máximo de tres meses, se aprobará esta reforma con un objetivo de incrementar la recaudación para la financiación de programas sociales.

En el ámbito de la reforma de la financiación autonómica, PP y C's se comprometen a avanzar en la armonización de los tributos propios y cedidos a las CC.AA. para evitar discrepancias evidentes entre cargas fiscales por incurrir en el mismo hecho imponible en distintas regiones.

LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y LOS PARAÍSOS FISCALES

Otra de las medidas fiscales estrella pactada por PP y Ciudadanos es reclamar a los beneficiados por la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno de Rajoy en 2012 que tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas. Esto permitiría recuperar en cuatro años un total de 7.000 millones de euros que se dejaron de ingresar, según sus cálculos.

Ambas formaciones también se comprometen a reforzar el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y endurecer las multas a los bancos que cooperen en el blanqueo o en el fraude de sus clientes. Se revisará la regulación del secreto fiscal a fin de posibilitar la publicidad de las infracciones tributarias muy graves y la publicidad de sus autores.

MAYOR CONTROL DE LAS SICAV

De la misma manera PP y Ciudadanos quieren devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las SICAV, haciendo que las que no sean auténticas instituciones de inversiones colectivas no tributen al tipo privilegiado del 1% sino al tipo general del Impuesto de Sociedades.

Los dos partidos quieren promover la apertura de las SICAV para que sean verdaderas instituciones de inversión colectiva y no vehículos de inversión privada de grandes fortunas con el objetivo de tributar menos.

En particular, se introducirán modificaciones en el régimen de las SICAV para garantizar que estas sociedades se utilicen como instrumentos de inversión colectiva, finalidad para la que originalmente se crearon. Para lograr este fin, sólo se computarán a efectos del número mínimo de 100 accionistas, los que tengan una participación superior al 0,55%.

REVISAR LA LISTA DE PARAÍSOS FISCALES

PP y Ciudadanos han acordado revisar la lista de paraísos fiscales, volviendo a incluir a aquellos Estados que no cooperan de forma efectiva con Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

El documento firmado dice que "se exigirá que las sociedades con sedes en paraísos fiscales que pretendan operar en España sean transparentes y revelen quiénes son sus propietarios".

Para luchar contra el fraude, PP y Ciudadanos quieren facilitar el uso de medios de pago electrónico para abonos de menor importe y en particular, establecer el derecho de los consumidores a pagar cualquier bien o servicio cuyo importe supere los 10 euros a través de tarjeta de crédito, reduciendo las comisiones.

También quieren aprobar un Estatuto de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para reforzar su independencia y profesionalidad, incrementar sus recursos hasta equipararlos a los de los países de nuestro entorno, y crear una Oficina de Control Fiscal de Grandes Fortunas en la AEAT para reforzar sus medios de lucha contra el fraude fiscal.

EL CONGRESO ELEGIRÁ A LOS RESPONSABLES DE LOS ORGANISMOS REGULADORES

Otro apartado del acuerdo hace referencia a medidas para incrementar la competencia y la eficiencia en los mercados de bienes y servicios.

En concreto se comprometen a garantizar la independencia de los organismos reguladores evitando la politización de sus órganos de gobierno. Las Autoridades Administrativas Independientes poseerán independencia orgánica y funcional, sus presidentes y consejeros serán elegidos por el Pleno del Congreso de los Diputados, entre personas de reconocido prestigio y con más de diez años de experiencia profesional, y sus directivos serán seleccionados a través de procedimientos transparentes y meritocráticos.

PP y Ciudadanos han firmado separar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos entidades independientes: una Autoridad Independiente de los Mercados (AIReM) que asumirá las funciones de supervisión y control de los sectores económicos regulados(en especial, el sector energético, telecomunicaciones y audiovisual, transportes, y servicios postales, a los que se sumará el juego) y de resolución de conflictos entre operadores económicos; y una Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo) que asumirá las funciones de promoción de la competencia y de protección y defensa de los consumidores y usuarios.

PP y Ciudadanos también ha acordado reformar la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para incorporar mecanismos de colaboración entre diferentes administraciones.

PROTECCIÓN FRENTE A ABUSOS FINANCIEROS

El acuerdo de investidura contempla crear una Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero que, a partir de la CNMV, unifique y refuerce los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros) para recuperar la confianza de los ahorradores y usuarios de servicios financieros.

Esta autoridad establecerá contratos tipo de servicios financieros, por ejemplo, de hipotecas, con el fin de evitar fraudes a los consumidores.

Para reforzar los derechos de los consumidores y usuarios se reformará la Ley Hipotecaria para establecer la prohibición de las "cláusulas suelo" que únicamente fijen un límite a la variación a la baja del tipo de interés contratado.

Paralelamente, se revisará la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas bancarias, así como la regulación de los préstamos no bancarios entre particulares, para evitar situaciones de fraude y estafa.