La Policía Nacional busca al "hombre raro" que entró ayer en el despacho de abogados de Usera poco antes del triple crimen que ha conmocionado a este popular barrio del sur de Madrid y cuyas primeras hipótesis apuntan a una venganza como el móvil del suceso más grave en la capital en una década.

Se trata de la persona que entró en el bufete pasadas las cinco de la tarde preguntando por el jefe, Víctor Joel Salas Coveñas, un letrado peruano dedicado a asuntos de extranjería que desempeñó el puesto de asistente judicial en su país, donde llevaba casos vinculados con narcotráfico y secuestros.

Fuentes de la investigación han informado a Efe de que manejan varios escenarios sobre los motivos que pudieron causar el crimen, si bien la Policía ha puesto protección al abogado peruano nada más terminar su declaración en la sede policial.

Lo ha hecho porque, dentro de esos múltiples móviles, baraja como principal hipótesis del triple asesinato la venganza contra Víctor Joel por asuntos que pudo llevar cuando trabajó en Perú o por los que trataba en España.

Por este motivo, todas las miradas apuntan a ese hombre que entró a la oficina, si bien los investigadores no descartan que tuviera algún compinche. Fue una de las trabajadoras asesinadas -lo fueron la secretaria y una abogada- quien avisó por teléfono al dueño de que una persona de aspecto "raro" le estaba esperando. Nada más se supo.

Tampoco el abogado ha dado más pistas sobre el asunto, que le ha dejado "conmocionado y totalmente bloqueado", como ha dicho a Efe.

"No quiero hablar de ello, no puedo; ahora mismo no estoy para prestar declaraciones porque, la verdad, lo digo de manera sincera y tajante, estoy muy, muy conmocionado", ha explicado el letrado, que no se encontraba en el piso cuando irrumpieron los asaltantes.

Una testigo ha dado a Efe más detalles del suceso que cuestionan la actuación del letrado en la tragedia.

Según su relato, acudió con su cuñado a las 18.15 horas al bufete, y el letrado, que acababa de llegar en su moto, les abrió el portal con su llave, ya que nadie respondía al telefonillo. Subieron los tres, pero, al percatarse de que salía humo por debajo de la puerta del bufete, el letrado salió corriendo.

Volvió a los dos minutos y les abrió la puerta, pero de nuevo abandonó el inmueble, lo que no hicieron los visitantes, que gritaron si había alguien dentro. "Chicas, salgan, ¿alguien está ahí?", fue lo que vociferó el hombre.

Veinticuatro horas después del triple crimen, se van conociendo nuevos detalles de lo que pudo acontecer en el interior de la oficina, donde los investigadores han hallado restos de gasolina empleada para acelerar el fuego con el que presuntamente el autor o autores pretendían dificultar el esclarecimiento de los tres homicidios.

El primero, un cliente ecuatoriano, Pepe C.V., nacido en 1973, que había ido simplemente a recoger unos papeles y que yacía muerto con un golpe en la cabeza por una barra de hierro o palanqueta que se encontraba en el despacho, y no por un hachazo como en un principio se apuntó.

Las otras dos asesinadas son María O.R., una mujer cubana de 46 años a quien sus familiares y vecinos llamaban Maritza, que repartía publicidad desde hace cuatro años en el despacho y acababa de terminar la carrera. Y Elisa C.G, también de origen latinoamericano.

Una tenía un golpe en la cabeza y la otra fue acuchillada en el cuello. Ambas estaban parcialmente quemadas.

Los cuerpos de los fallecidos han sido sometidos a la autopsia en el Instituto Anatómico Forense, al que han acudido familiares de las víctimas, que han revelado que Víctor estaba casado, al parecer por conveniencia, con Elisa y que había recibido amenazas y acumulaba cuantiosas deudas.

Lo ha dicho un amigo de Maritza, que también conoce desde hace años a la otra fallecida porque todos son de la misma provincia cubana, Holguín.

Según él, se casaron "por conveniencia" hace unos ocho o nueve meses, justo cuando la mujer había terminado de homologar sus estudios de Derecho de Cuba para poder ejercer como abogada en España.

Y se ha mostrado convencido de que el crimen pudo deberse a un ajuste de cuentas o venganza de algún cliente contra el jefe del bufete, que "en ocasiones ni iba a los juicios" y que defendía tanto a personas que solo tenían problemas de documentación como a traficantes y otros delincuentes.

Víctor Joel, ha subrayado, "estaba de deudas hasta arriba" e incluso debía dinero a Hacienda y había sido amenazado.

Precisamente, y según consta en las resoluciones de la Oficina de Control de la Magistratura y del Consejo Nacional de la Magistratura de Perú, consultadas por Efe, Víctor Joel denunció en 2006, cuando tenía 25 años, que una jueza peruana le pidió que manipulara un proceso judicial contra un narcotraficante de origen israelí.

A raíz de dicho proceso, fue apartada de la judicatura la jueza Ana Luzmila Espinoza, acusada de cambiar el tipo penal por el que se juzgaba al narcotraficante Zeev Chen para rebajar la pena impuesta, de modificar la sentencia para reducir la indemnización que debía pagar de 500.000 a 50.000 soles y de modificar la fecha de un recurso de nulidad para que entrase en plazo.