Ciudadanos (C's) ha establecido diversos niveles de exigencia en las distintas comunidades autónomas para la reforma de las leyes electorales, uno de los puntos incluidos en los pactos que ha firmado con el PP en La Rioja, Castilla y León, Murcia y Madrid y con el PSOE en Andalucía a cambio de permitir la investidura de los respectivos presidentes regionales.
Los acuerdos de investidura contienen distintas propuestas organizadas en tres grandes bloques: regeneración democrática, reactivación económica y cohesión social. En el primero de esos bloques, el PSOE es el partido que ha tenido que asumir un mayor número de propuestas de C's, un total de 35, mientras que el documento suscrito en Murcia tiene 25; el de Madrid, 19; el de La Rioja, 17; y el de Castilla y León, 16.
Como parte de esa regeneración democrática, la formación presidida por Albert Rivera quiere que se cambien las leyes electorales, un aspecto en el que C's siempre ha apostado por listas abiertas, votos con el mismo valor y elecciones primarias para elegir a los candidatos de los partidos. Sin embargo, este último requisito no aparece en el documento de La Rioja.
Por otro lado, esta es la única comunidad donde el acuerdo fija un plazo --dos años-- para reformar la ley autonómica y para presentar una iniciativa parlamentaria al Gobierno central con el propósito de modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
En el primer punto, el compromiso es reducir al 3 por ciento el umbral de los votos necesarios para entrar en el Parlamento riojano, establecer listas abiertas y limitar a ocho años el tiempo máximo durante el cual una misma persona puede presidir el Gobierno regional. En el ámbito nacional, se debe abogar por ese mismo umbral del 3 por ciento y por limitar los mandatos para los alcaldes de municipios con más de 5.000 habitantes.
SIN PLAZOS EN ANDALUCÍA, MURCIA, CASTILLA Y LEÓN Y MADRID
En Andalucía, el PSOE se ha comprometido con C's a defender cambios legislativos, tanto a nivel autonómico como nacional, para que haya proporcionalidad (que los votos de todos los ciudadanos valgan lo mismo) y listas abiertas o desbloqueadas, entre otros puntos, pero no hay una fecha límite para hacerlo.
En cuanto al documento firmado en Murcia, se exige la reforma de la ley electoral regional para establecer una circunscripción única, reducir al 3 por ciento el umbral para entrar en la Asamblea y que los diputados regionales no puedan ser a la vez alcaldes o concejales.
Mientras que en ese acuerdo no se hace referencia al Régimen Electoral General, en el de Castilla y León ocurre lo contrario: el compromiso es impulsar una reforma de la legislación nacional para mejorar la proporcionalidad, que las listas sean abiertas y celebrar primarias para elegir a los candidatos, pero no se menciona la ley electoral regional.
El acuerdo de la Comunidad de Madrid es el único donde no figura expresamente la exigencia de una reforma electoral, aunque sí incluye que un concejal o alcalde no pueda ser al mismo tiempo diputado en la Asamblea, que los presidentes de la Comunidad y los consejeros no puedan serlo durante más de dos legislaturas y el "compromiso" de que los candidatos sean elegidos en primarias.
IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN Y AFORAMIENTOS
Los acuerdos de investidura de Ciudadanos contienen una batería de propuestas para fomentar la transparencia y la participación ciudadana, prevenir y castigar la corrupción y hacer que los partidos funcionen de forma más abierta y democrática.
Así, los documentos firmados en las cinco comunidades autónomas comparten una serie de puntos en lo referente a aquellas personas que ocupan cargos. Por ejemplo, separar de inmediato a cualquier cargo público o de partido imputado por corrupción o eliminar (o "limitar", en el caso de Castilla y León) los aforamientos en el ámbito autonómico.
También se incluye en todos los acuerdos la limitación de mandatos, aunque en algunas comunidades se precisa el número de años y en otras no. Además, existen diferencias en cuanto al alcance de esta exigencia, ya que en algunos casos se refiere solo a los presidentes autonómicos (en Andalucía y en Murcia) y en otros se extiende a otros cargos, como pueden ser los consejeros.
AUDITORÍA ECONÓMICA, SOLO EN MADRID
En general, el pacto suscrito en Andalucía es el que contiene más medidas, sobre todo referentes a los cargos públicos, los partidos y la prevención de la corrupción desde las instituciones, mientras que el de La Rioja es el más escueto.
En el acuerdo de Murcia hay particularidades como la exigencia de crear cuatro comisiones parlamentarias de investigación, y el de la Comunidad de Madrid hace especial énfasis en la transparencia.
El documento firmado por la ya presidenta autonómica Cristina Cifuentes es el único que reclama una auditoría económica externa de los últimos ocho años de gobierno, para lo que se da un plazo de un año, hasta junio de 2016. Asimismo, prevé la eliminación del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y la despolitización de la Cámara de Cuentas.
