La Audiencia Nacional ha agradecido al Ministerio de Justicia la "especial sensibilidad" que ha mostrado en la asignación de recursos materiales y humanos y le ha informado de que cuenta con el "número necesario" de funcionarios para instruir los casos que lleva este órgano, entre los que se encuentran la corrupción y el terrorismo.
Así ha respondido el Ministerio de Justicia a la líder de UPyD, Rosa Díez, que preguntaba cómo piensa el Gobierno garantizar una lucha "eficaz y efectiva" contra la corrupción si no dota de los recursos necesarios a los juzgados y tribunales.
En la respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno responde que la "propia" Audiencia Nacional, uno de los principales órganos encargados de combatir la corrupción, comunicó el pasado 6 de abril a través de su presidente su "agradecimiento por la especial sensibilidad" que la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia "viene mostrando en relación a la asignación de recursos materiales y humanos".
Además, dio traslado del acuerdo de la Junta sectorial de Jueces Centrales de Instrucción celebrada en enero de 2013, en el que "distintos juzgados centrales manifestaban que los juzgados de instrucción cuentan con el número necesario de funcionarios".
En aquellas fechas, ejercía como presidente en funciones Ricardo Bodas, tras la marcha del magistrado Ángel Juanes a la vicepresidencia del Tribunal Supremo y con anterioridad a la elección de José Ramón Navarro en su sustitución. Navarro tomó posesión como presidente de la Audiencia Nacional el pasado 9 de mayo.
UN FISCAL DELEGADO PARA EL 'CASO DE LOS ERE'
El Ministerio de Justicia informa de que la Fiscalía Anticorrupción cuenta hoy con 17 miembros, entre un fiscal jefe, un teniente fiscal, catorce fiscales de plantilla y uno adscrito. Además, hay 27 fiscales delegados en toda España.
A pesar de los "ajustes presupuestarios", el Ministerio se congratula de que durante 2013 se haya aprobado un fiscal de refuerzo para la Fiscalía Provincial de Sevilla, con motivo de la designación de un fiscal delegado anticorrupción de manera temporal para llevar a cabo las diligencias del 'caso de los ERE'.
El año pasado también se acometió un refuerzo en la Fiscalía de Navarra, mientras que se han aprobado tres comisiones de servicio de fiscales para apoyar el trabajo de Anticorrupción.
Finalmente, señala que las comunidades con las competencias transferidas han recibido los traspasos oportunos y atienden "con normalidad" sus obligaciones. "Por tanto, se entiende que este cambio en la gestión ha tenido un impacto funcional neutro", concluye sobre Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia e Islas Baleares.
