El Gobierno obligará a los ayuntamientos con problemas económicos a incluir en sus planes de ajuste medidas concretas como una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia, según consta en el proyecto de ley de reforma de la administración local aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes.

   El proyecto de Racionalización y Sostenibilidad de Administración Local, al que tuvo acceso Europa Press, recibió el visto bueno del Gobierno la pasada semana después de más de un año de trabajo durante el cual el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha tenido que realizar múltiples adaptaciones de la reforma inicialmente presentada.

   El texto finalmente aprobado establece que los ayuntamientos deberán presentar ante el Ministerio un plan económico-financiero cuando incumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos, el objetivo de deuda pública o la regla de gasto.

   En estos casos, el texto establece que el plan "incluirá al menos" medidas como la supresión de las denominadas competencias impropias, la "gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que preste la entidad para reducir sus costes" y el incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta el municipio.

   Pero además, debe incluir una propuesta de racionalización administrativa, de supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio y una propuesta de fusión "con un municipio colindante de la misma provincia".

   Precisamente, el proyecto de ley aprobado por el Gobierno trata de fomentar la fusión de municipios e incluye para ello una serie de incentivos y beneficios para los que opten por esta vía, como una mayor financiación per cápita, dispensa temporal para no prestar los nuevos servicios que pudieran resultar obligatorios por su aumento poblacional o una preferencia temporal en planes de cooperación local de infraestructuras, obras, servicios y subvenciones".

   Además, en el proyecto de ley se promueve la gestión integrada o coordinada de todos los servicios de los municipios, de forma que, si generan unos ahorros mínimos, recibirán mayor financiación; y además se aumentan las trabas a la creación y escisión de municipios, que deberán contar con, al menos, cinco mil habitantes.

   Por su parte, las entidades locales de ámbito inferior al municipio deberán, en un plazo de tres meses, presentar sus cuentas ante el Estado y comunidades autónomas. En caso de que no lo hagan, se disuelven y se integran en los ayuntamientos de los que dependan como organización desconcentrada y corresponderá al municipio la prestación del mismo, carentes de personalidad jurídica.

   Tal y como ya anunció el pasado viernes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el proyecto de ley redactado por el Gobierno elimina el conflictivo 'coste estándar' --que abría la puerta a la pérdida competencias municipales en favor de las diputaciones-- y lo sustituye por el 'coste efectivo', en virtud del cual los ayuntamientos deberán hacer público el coste de sus servicios antes del 1 de noviembre.

   El texto contempla que, cuando la diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, incluirá en un plan provincial de cooperación "fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir sus costes efectivos".

   De esta forma, la reforma atribuye a las diputaciones la competencia de realizar un seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia y establece que, cuando detecte que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, "ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes".

SUBVENCIONES SUJETAS AL 'COSTE EFECTIVO'

   Pero además, apunta que "el Estado y la comunidad autónoma, en su caso, pueden sujetar sus subvenciones a determinados criterios y condiciones en su utilización o empleo y tendrán en cuenta el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios".

   Precisamente, el texto aprobado por el Gobierno refuerza el papel de las diputaciones y les otorga nuevas competencias, como la potestad de vigilar la aplicación de los planes de ajuste municipales.

   Estos órganos también podrán coordinar determinados servicios mínimos obligatorios de los municipios de menos de 20.000 habitantes y para ello propondrá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, "con la conformidad de los municipios afectados", la forma de prestación. Ésta puede consistir en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartidas a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas.

   Esto será así a menos que el municipio justifique que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el de las Diputaciones. Éstas podrán además asistir a los municipios en las facultades de gestión de la recaudación tributaria, la gestión financiera, la Administración electrónica y la contratación centralizada.

   La eliminación del 'coste estándar' del texto final llega después de que el informe del Consejo de Estado alertara de que el texto inicial cuestionaba el artículo 140 de la Constitución porque podía reducir "en exceso" la autonomía municipal garantizada por la Carta Magna. Según alertó la institución, el coste estándar podía convertirse en un "cheque en blanco" del Gobierno para quitar competencias a las entidades locales.