El PP no tendría responsabilidades si desconocía que el dinero era ilícito

Publicado: 27/07/2013
Preocupado porque la corrupción denota que el sistema legal no es suficiente para garantizar "el ejercicio sin intereses de partidos"
El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, cree que no tiene por qué haber responsabilidades en el PP vasco si éstos desconocían que el dinero que les entregó el Partido Popular nacional era de procedencia "ilícita". Además, se ha mostrado preocupado porque la corrupción evidencia que el sistema legal "no es suficiente" para garantizar "el ejercicio sin intereses" de los partidos, sobre todo, "los que están en el poder".

   En una entrevista concedida a Europa Press, Calparsoro se ha referido, de esta manera, a las informaciones sobre el 'caso Barcenas' y a las acusaciones del extesorero del PP, que aseguró ante el juez que la sede de los populares en Bilbao habría sido financiada presuntamente a una comisión pagada por una empresa.

   Calparsoro ha señalado que a la Fiscalía vasca no ha llegado ninguna denuncia al respecto, aunque, si se formalizara, "lógicamente se tendría que investigar". No obstante, ha indicado que hay que distinguir entre "lo que la persona que entrega el dinero sabe y conoce y lo que la persona que lo recibe sabe y conoce".

   El Fiscal Superior ha afirmado que no se ha dicho "nada" de que los responsables del PP vasco tuvieran conocimiento de que ese dinero pudiera provenir supuestamente "de unos fondos ilícitos", ya que se lo entregaba el partido nacional, "el órgano central que llevaba las cuentas".

   El máximo representante del ministerio público ha indicado que sería "una pena" que los populares vascos se vieran 'salpicados' por el 'caso Bárcenas' y, en este sentido, ha recordado que la mayoría de los cargos públicos del PP vasco sufrieron una "presión intolerable" durante la época de actividad de ETA con "amenazas de muerte y el asesinato de muchos de ellos".

   El Fiscal Superior cree que, en esas circunstancias, el hecho de que se les "facilitase una ayuda económica para pagar una sede o para protección" forma parte, a su juicio, "de lo normal dentro de cualquier partido".

   Calparsoro ha precisado que sería diferente si ese dinero provenía de "hechos presuntamente delictivos o, por lo menos, ilegales".

"Desconozco en qué medida una organización territorial de un partido conoce las cuentas de una organización central y si son autónomos a la hora de gestionar sus cuentas", ha añadido.

RAJOY

   Ante la petición de los diversos grupos de la oposición para que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, ofrezca explicaciones en torno a las acusaciones que está formulando el extesorero del PP, ha señalado que este es un tema que compete decidir "a los políticos".

   En este sentido, cree que hay que "deslindar las responsabilidades políticas" que competen al Parlamento, en las cuales "no puede entrar el Poder Judicial", ya que su labor es la de "investigar, juzgar y condenar, en su caso, los delitos que se cometen".

   El Fiscal Superior del País Vasco ha afirmado que, en caso de que Rajoy, fuera citado a declarar como testigo ante el juez, ello "no estigmatiza ni perjudica su imagen". "No es nada que estigmatice a nadie comparecer como testigo. Es más, es una obligación de cualquier

ciudadano y más del presidente del Gobierno", ha subrayado.

"PREOCUPACIÓN"

   En todo caso, el Fiscal Superior del País Vasco ha manifestado su preocupación por la aparición de casos de corrupción, y, sobre todo, teniendo en cuenta la situación de "gravísima crisis" que se está viviendo.

   "Es una desmoralización para la ciudadanía y para las personas corrientes que están sometidas a una serie de cargas y obligaciones que son muy gravosas y que están suponiendo un esfuerzo muy importante todos los ciudadanos. El hecho de que no vean en los políticos esa ejemplaridad, esto es muy dañino para el funcionamiento del sistema", ha apuntado.

   Calparsoro ha indicado que su preocupación también tiene que ver con el hecho de que los casos de corrupción denotan que "el sistema jurídico, el sistema legal, la normativa no es suficiente". Además, cree que no garantiza "suficientemente" el ejercicio "sin intereses o sin incidencias" de la actividad de "ciertos partidos que están en el poder o han podido estar en el poder".

 

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