El presidente del Grupo Empresarial Sando, José Luis Sánchez Domínguez, ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz haber realizado donaciones al Partido Popular (PP) aunque ha admitido que mantiene con el extesorero 'popular' Álvaro Lapuerta una estrecha amistad, según han informa fuentes jurídicas.
"Las donaciones no están dentro de la política de Sando", ha especificado el empresario que ha agregado que en los últimos cinco años ha ido dejando de forma progresiva la responsabilidad de su negocio en manos de sus cuatro hijos.
Así, Sánchez Domínguez, cuyo interrogatorio en el marco de la causa que investiga la presunta contabilidad B del PP se ha prolongado durante tres cuartos de hora, ha precisado que a pesar de la fuerte relación que le une a Lapuerta y que se extiende a su familia --las mujeres de ambos también son amigas-- nunca habló con el extesorero sobre contratos de obra pública o adjudicaciones.
El empresario ha hecho al respecto una única salvedad y ha admitido que preguntó a Lapuerta en 1998 sobre las contratas dependientes del Ayuntamiento de Madrid, cuyo alcalde era entonces José María Álvarez del Manzano. Las fuentes consultadas han indicado que Lapuerta le dijo entonces que no se llevaba bien con el primer edil madrileño por lo que el constructor no volvió a tratar el tema.
Según apunta la UDEF, Sando recibió entre 2002 y 2012 un total de 222 contratos públicos por 1.940,39 millones de euros, de los que 51 fueron adjudicados por gobiernos del PP, con un montante de 264,82 millones de euros. Su máximo responsable, José Luis Sánchez, habría aportado 1,25 millones de euros en donaciones.
En cuanto al también extesorero Luis Bárcenas, Sánchez Domínguez ha asegurado conocerle únicamente de forma superficial, por haber coincidido con él en alguna de sus frecuentes visitas al despacho de Lapuerta en la sede del PP de Madrid.
El constructor se ha limitado a contestar a las preguntas del juez Ruz y a las primeras realizadas por las acusaciones personadas en la causa. El fiscal Antonio Romeral no ha intervenido en el interrogatorio.
El empresario está imputado, además de en esta causa, en el conocido como caso Mercasevilla. La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga la adjudicación a su constructora de los terrenos de mercado a pesar de la superior oferta económica presentada por otra empresa.
