La Oficina de las Cortes Generales para controlar la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, creada por ley en 2010 y todavía pendiente de constituirse, no se pondrá en marcha hasta que se revise su diseño y el Congreso y el Senado se aseguren de que no supondrá más gasto para las Cámaras.
Así lo ha asegurado a Europa Press el presidente del Congreso, Jesús Posada, que en su día defendió la proposición de ley ante el Pleno de la Cámara cuando presidía la Comisión de Presupuesto.
Esta nueva institución, que tiene por objeto evaluar la ejecución de las cuentas públicas desde el Parlamento es una reivindicación clásica de los grupos de la oposición que finalmente salió adelante la pasada legislatura por unanimidad. En noviembre de 2010 todos los partidos sellaron un acuerdo y fijaron para febrero del año siguiente la fecha de su creación, pero a partir de ahí ni PSOE ni PP dieron un paso más.
El diputado de Unión del Pueblo Navarro en el Congreso, Carlos Salvador, presentó el pasado mes de enero una iniciativa urgiendo a poner en funcionamiento el organismo "a la mayor brevedad" posible, alegando que cada vez existe una mayor demanda de transparencia y control de las cuentas públicas por parte de los ciudadanos, pero su propuesta aún no se ha debatido.
"NO SE PUEDE GASTAR MÁS"
"Lo vamos a poner en marcha --ha garantizado Posada--, pero en un momento de austeridad como en el que estamos lo que no se puede es gastar más. Haremos una remodelación para que no cueste dinero al Congreso y al Senado, y para que se haga el trabajo pero no con más coste".
Las encargadas de poner en marcha este instrumento para imprimir mayor transparencia en el uso del dinero público son las Mesas del Congreso y el Senado, que deberán aprobar una resolución para regular la organización y funcionamiento de la Oficina.
Al frente debe colocarse a una persona de "reconocido prestigio profesional en disciplinas económicas, financieras o presupuestarias", cuyo nombramiento corresponde a la Mesas de las Cámaras, previo acuerdo los grupos parlamentarios.
Además de hacer seguimiento y controlar la ejecución del Presupuesto y de su liquidación, este órgano prestará asesoramiento técnico y jurídico a los órganos de las Cámaras en las consultas que realicen diputados y senadores sobre las cuentas públicas. También se encargará de recopilar y sistematizar la información económica y presupuestaria elaborada por otras instituciones públicas y privadas, y de seguir la actividad legislativa que tenga repercusión en los ingresos y gastos públicos.
El Gobierno tendrá que remitir a la oficina un informe mensual sobre la ejecución del Presupuesto, un informe semestral sobre el grado de ejecución de la inversión real del sector público estatal y un informe anual sobre la liquidación provisional del ejercicio presupuestario anterior. Este informe deberá prestar especial atención al nivel de ejecución de las inversiones que fueron aprobadas en los Presupuestos del año anterior.
Este nuevo mecanismo de control estará adscrito orgánicamente a la Secretaría General del Congreso de los Diputados y la dotación presupuestaria necesaria para el ejercicio de sus funciones estará incluida en el Presupuesto de las Cortes Generales. La Mesa y los portavoces de la Comisión de Presupuestos serán los encargados de supervisar la actuación y el cumplimiento de las funciones atribuidas a la Oficina Presupuestaria.
