El Pleno del Congreso ha convalidado el decreto por el que se crea el fondo de apoyo a la financiación de las comunidades autónomas con el apoyo de PP y UPN, el voto en contra de PSOE y las abstenciones de PNV, CiU y UPyD.
Al igual que en el decreto de recortes, la Izquierda Plural, ERC, BNG, Amaiur y Compromís se ausentaron de la votación. En total, se emitieron 312 votos, de los que 182 fueron favorables, 103 en contra y 27 fueron abstenciones.
El Gobierno dejó la presentación de este decreto en la Cámara Baja en manos del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que ha explicado que este fondo contará con un máximo de 18.000 millones de euros, un tercio de los cuales procederá de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) con cargo a ingresos futuros.
El resto del fondo se financiará a través de un crédito extraordinario financiado por el Tesoro, y la gestión de las ayudas recaerá tanto en el organismo emisor como en el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Las comunidades que decidan voluntariamente adherirse a esta asistencia tendrán que cumplir estrictos condicionamientos presupuestarios y económicos, según ha insistido De Guindos.
Así, para poder acceder a las ayudas, los gobiernos regionales que lo soliciten tendrán que presentar un plan de ajuste y deberán informar puntualmente de la ejecución de sus presupuestos. De hecho, en última instancia el Gobierno central conserva incluso la capacidad de intervenir las comunidades autónomas que incumplan los vencimientos de deuda.
En el plano financiero, los condicionamientos buscarán garantizar que la senda de endeudamiento de las comunidades es sostenible en el tiempo y permite que sus cuentas públicas no se vean desbordadas por la evolución de los costes financieros.
El ministro ha incidido en que la cifra del fondo, en principio 18.000 millones de euros, dependerá de cuántas comunidades se adhieran al mismo, por lo que si no lo hacen todas, el montante se reduciría.
De Guindos ha asegurado que la creación de este fondo no supondrá tensiones en el mercado y ha dejado claro que las ayudas estarán garantizadas por los recursos del sistema de financiación de las comunidades autónomas, para garantizar que mantienen así la responsabilidad de devolución.
PSOE: MÁS EXIGENCIAS A CC.AA. QUE A LOS BANCOS.
El portavoz socialista Pedro Saura ha justificado el rechazo de su formación a este decreto en la actitud del Gobierno de proporcionar "barra libre" para financiar a los bancos, con especial atención a Bankia, y, en cambio, restringir la financiación a las comunidades autónomas para educación y sanidad.
Saura ha criticado la batería de recortes que está adoptando el Gobierno, todo con el objetivo de pagar la deuda del sistema financiero y privada, pero no la deuda pública. El portavoz socialista de Hacienda ha denunciado además, que "de tapadillo y por la puerta de atrás", se ha aprobado la puesta en marcha del memorándum de entendimiento para el rescate financiero.
En este sentido, el diputado socialista se ha mostrado muy crítico con el hecho de que no se haya debatido en la Cámara este memorándum, que se firmará mañana, y que ha definido como "la mayor hipoteca" contraída por España en toda su historia (hasta 100.000 millones de euros).
También ha lamentado que le haya dado la réplica en el debate el diputado 'popular' Vicente Martínez Pujalte, en lugar del ministro De Guindos, que sólo ha hecho la presentación de la norma ante la Cámara.
Precisamente, Martínez Pujalte le ha respondido a Saura que las comunidades autónomas "no tienen dinero" y, por eso, se ha hecho este decreto. "No estamos tratando de quitar autonomía, sino de sacar adelante a las comunidades autónomas desde este Parlamento", ha dicho.
CiU, que en principio iba a votar a favor de este decreto, finalmente ha decidido abstenerse, al igual que han hecho otras formaciones políticas, como PNV y UPyD.
El portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha denunciado que el mecanismo de financiación ideado por el Gobierno no son los hispanobonos que había propuesto su formación, sino un "parche" y una solución "quizá con condiciones muy draconianas", pero a la que comunidades como Cataluña no tendrán más remedio que acudir.
