La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia mantendrá las mismas exigencias que ha venido teniendo con Emed Tartessus para reabrir Minas de Riotinto, “exigiéndole que su proyecto cumpla estrictamente” los criterios de “solvencia técnica y económica”, y un “proyecto de aprovechamiento viable para su análisis y aprobación”.

Según han comunicado a Viva fuentes de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, la Junta entiende que la demanda presentada por la Comisión Liquidadora contra Mantesur y que podría incidir en la titularidad de los terrenos de Emed Tartessus, es un “conflicto entre partes”, por lo que, además de manifestar su “escrupuloso respeto a las decisiones judiciales”, señala que seguirá trabajando en la misma línea de exigencia con Emed hasta que haya un pronunciamiento judicial firme.

Señalan las fuentes, la Junta “seguirá trabajando con Emed Tartessus como lo venía haciendo hasta ahora, exigiéndoles que su proyecto cumpla estrictamente los tres apartados recogidos en la legislación minera, más todo los requerimientos que se planteen conforme se vaya entregando la documentación acreditativa”, considerando “prioritario” la reapertura de Minas de Riotinto.

Esos tres apartados, según la Ley de Minas y su reglamento, son “la acreditación legal del solicitante, que fue el aspecto desbloqueado en marzo por la Administración Autonómica, su solvencia técnica y económica, y la presentación de un proyecto de aprovechamiento viable para su análisis y aprobación.

Estas exigencias fueron ayer confirmadas por la propia directora general de Minas, Eva María Vázquez Sánchez, en las jornadas sobre minería que se están celebrando en Sevilla, en las que aseguró que la Junta confiere a la minería el “máximo grado de importancia” por su capacidad para generar riqueza y empleo, aunque señaló que la Administración “va a priorizar pero sin precipitarnos”, garantizando que se desarrolle de un modo sostenible en sus aspectos “ambiental, económico y social”.

Según Vázquez, el papel de la Junta es velar por el cumplimiento de la legalidad y exigir garantías que acrediten “la capacidad legal, la solvencia técnica y garantías adecuadas de viabilidad”.
Sobre Riotinto detalló que siguen trabajando para conseguir la “concreción y precisión de la iniciativa”.