La demanda que interpuso Unicaja para extinguir los contratos “por desestimiento unilateral” que le vinculan a estas cuatro ancianas después de haber llegado a un acuerdo con el resto de residentes para su traslado a otros centros ante el estado de deterioro del edificio, incluía la petición del desalojo de estas residentes como medida cautelar ante el peligro que, alegan, pueden correr las ancianas.
La Obra Social de Unicaja, propietaria de la residencia de Marymar, comunicó en abril a sus residentes que el estado de deterior del edificio hacía obligatorias reformas integrales, por lo que les ofreció su traslado a otros centros de la Obra Social y acuerdos con otras residencias más cercanas, de forma que en julio, tras la salida del 94% de los ancianos, decidió dar por cerrado el centro asistencial, aunque ha seguido prestando los servicios básicos a las cuatro ancianas, suprimiendo todas las actividades de ocio y tiempo libre.
Ante la insistencia de las cuatro ancianas y sus familiares por permanecer en la residencia, Unicaja presentó una demanda para dar por concluido el contrato que las vincula, aunque solicitó cautelarmente la salida de las usuarias para evitar que sufrieran algún daño provocado por el mal estado del edificio, la base de la defensa que presentó ayer ante el juzgado.
La abogada de estas cuatro familias, María del Río Bourman, considera que la entidad no ha sido capaz de fundamentar jurídicamente este desahucio puesto que no se encuentra especificado en la Ley de Enjuiciamiento Civil y la “garantía de efectividad” que tendría con una futura sentencia “no se da”, ya que si se marchan y la residencia se cierra, no podrían volver a ella aunque los contratos siguieran en vigor.
Del Río Bourman apunta que la oferta de otras residencias que les hacía Unicaja no era equiparable a las condiciones que presenta Marymar, por lo que hay que compensarlas y “la ley obliga a pedir una indemnización” que calcule el daño o perjuicio a las residentes.
