Efectivamente, el Gobierno aprobó en abril de 2009 un decreto en el que se liberalizaba el sector eléctrico. En virtud de ese decreto, todos los clientes que tuvieran contratadas líneas de más de 10 kilovatios (generalmente instituciones, empresas y grandes demandantes de electicidad) tendrían un plazo, que culminaba el 31 de diciembre de 2009, para contratar con una de las empresas que operan en el mercado, alrededor de 50.
Durante todo el año 2010, todos aquellos clientes que no se hayan adaptado a la normativa establecida en el citado decreto y que no hayan contratado la luz con una empresa del mercado libre, han seguido recibiendo suministro de último recurso, si bien con un recargo de un 20% en sus tarifas, con lo que ello supone para los escasos recursos económicos de los que, especialmente en este año, adolecen los Ayuntamientos españoles.
Pero esa situación provisional se agravaba al terminar el año 2010, pues aquellos Ayuntamientos, instituciones, pymes y particulares con potencia igual o mayor de 10 kilovatios que no tuvieran contrato con alguna empresa del mercado libre verían cortado el suministro, si bien el Gobierno ha dado hoy un plazo de un año más, aunque soportando el 20% de recargo en las tarifas.
José Antonio Barroso ha hecho valer la política energética que ha promovido desde el Ayuntamiento de Puerto Real, pues supo anticiparse a los movimientos que en el sector del suministro iban a producirse, creando el Grupo Energético de Puerto Real, GEN, en 2008. De este modo, el Consistorio puertorrealeño no halló problema alguno en ajustarse a la nueva normativa, cosa que realizó tan pronto entró en vigor el decreto mencionado.
El alcalde lamenta que muchísimos Ayuntamientos andaluces estén sufriendo graves problemas para solucionar esta situación, aunque no va a ser sin duda la de Puerto Real, ciudad en la que, en ésta como en otras cuestiones, se han llevado a cabo políticas pioneras que sólo pueden valorarse con el paso del tiempo.
