La reforma de la Ley del 'solo sí es sí' registrada por el PSOE, que finalmente no ha llegado a un acuerdo con Unidas Podemos, ha provocado división entre las asociaciones feministas y, mientras unas celebran que se modifique la ley pues consideran que está "mal hecha", otras defienden la norma de Irene Montero y dicen que subir las penas no es la solución.
"No hemos leído a fondo la propuesta pero, por supuesto, hay que modificar las penas, ya se advirtió previamente de que esto iba a suceder, y esa ley debe ser modificada porque está mal hecha, diga lo que diga la ministra Montero", ha valorado Sonia Gómez, portavoz de la Confluencia Movimiento Feminista --que integra a 70 organizaciones feministas--, en declaraciones a Europa Press.
A su juicio, "a la vista está que esa ley está mal hecha" porque "han salido a la calle violadores y se ha bajado la pena de más de 200 abusadores sexuales".
Respecto al consentimiento, Gómez ha precisado que "se sobreentiende" y "es evidente que tiene que haber" pero considera que "lo del consentimiento es una excusa de Podemos para no reformar la ley".
Precisamente, desde Confluencia Movimiento Feminista consideran que habría que ir "más allá" y establecer que para que haya consentimiento tiene que haber deseo pues advierten de que en algunas circunstancias, por ejemplo, cuando se está bajo amenazas, coacciones o incluso en un contexto de prostitución, puede haber consentimiento pero no deseo. "Se debería ir más allá, es el deseo lo que debe condicionar ese consentimiento", ha opinado.
Por su parte, siete organizaciones feministas, entre las que se encuentran Asamblea Feminista de Granada, Asamblea Feminista de Madrid, Autodefensa Roja en línea, colectivo de autodefensa las Turas, colectivo feminista autónomo las Tejedoras, Feministas por el Clima y Generando Red contra las Violencias Machistas, han publicado un manifiesto al que se han adherido casi 50 asociaciones feministas, exigiendo que "el consentimiento siga siendo el eje vertebrador de esta Ley" y advirtiendo de que la subida de penas no es la solución.
En el manifiesto, al que ha tenido acceso Europa Press, los colectivos feministas denuncian los "ataques" desde "diferentes sectores mediáticos, políticos y sociales" a la Ley del solo sí es sí que "han generado confusión y alarma social" y que se han "centrado en la rebaja de penas".
Si bien, consideran que "aumentar las penas no protege" a las mujeres, y defienden la Ley del sí es sí, tal y como está, porque "elimina las diferencias que en la legislación anterior existían entre abuso y agresión sexual", "pone el foco en el agresor" y es "el consentimiento explícito de las mujeres lo que determina si existe o no agresión".
En todo caso, a pesar de estos "importantes avances", apuntan que la ley es "mejorable" y, entre las mejoras, consideran "fundamental asegurar de manera más rotunda los derechos de las mujeres migrantes".
Por su parte, la magistrada Lara Esteve, socia de la Asociación de Mujeres Juezas de España considera que la propuesta del PSOE "no es una vuelta a la legislación anterior".
"Lo cierto es que la revisión que establece no es una vuelta a la legislación anterior, que preveía una diferencia entre abuso y agresión sexual y castigaba de manera considerablemente menor las situaciones en las que, aun no existiendo consentimiento, no se probaba la existencia de violencia o intimidación", ha valorado Esteve en declaraciones a Europa Press.
Así, ha recordado que, con la legislación anterior, situaciones como la sumisión química o como aprovecharse de circunstancias en que las mujeres tenían su voluntad anulada como consecuencia del alcohol o de las drogas "se calificaba como abuso pues no existía prueba sobre violencia o intimidación".
En este contexto y por lo que ha leído en los medios, la magistrada apunta que la reforma que pretende el PSOE no sería una vuelta al sistema anterior sino que lo que propone es que "a partir de un tipo básico, siempre teniendo en cuenta la ausencia de consentimiento, exista una pena mayor si esta agresión se ha realizado empleando violencia o intimidación --esto sí es igual que la legislación anterior-- o con la voluntad anulada de la persona --esto es novedad--".
"Con la legislación anterior, la falta de voluntad, de capacidad, era equiparable a abuso, en este caso se considera circunstancia que agrava la pena, puesto que se tiene en cuenta que las víctimas no han podido decidir ni consentir, esto se considera una circunstancia equiparable a una violencia o a la intimidación, por tanto, no es exactamente la vuelta al sistema de penas anteriores", ha puntualizado.
