La Ley de Memoria Democrática, la norma con la que el Gobierno quiere mejorar la Ley de Memoria Histórica de 2007 en aspectos como la localización de desaparecidos de la Guerra Civil y la Dictadura, se enfrenta el próximo jueves a su primer examen parlamentario, un debate de totalidad que se augura muy duro.

Son tres las enmiendas de totalidad que se discutirán en el pleno del Congreso, aunque desde diferentes perspectivas: dos, redactadas en términos críticos extremadamente contundentes, a cargo del PP y de Vox, y una tercera de ERC, con texto alternativo, que sí apuesta por afianzar la memoria histórica pero no como propone el Ejecutivo.

No hay riesgo de que el proyecto vaya a ser devuelto al Gobierno, como plantean el PP y Vox, al carecer de mayoría suficiente para que prosperen sus enmiendas, puesto que para rechazarlas el PSOE contará con las demás fuerzas de izquierda y los nacionalistas.

Tampoco se impondrá el texto alternativo de los republicanos catalanes, que con esta fórmula garantizan que su enmienda se vote separadamente de las otras dos.

En todo caso, el primer debate del proyecto, que arrancará con una exposición inicial a cargo del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sí servirá para indicar el rumbo de su posterior tramitación, cuando se estudien las enmiendas parciales.

Lo que sí tienen claro en el grupo socialista, encargado de negociar con los grupos, es que el debate será duro, incluso desabrido, de trazo grueso y sin concesiones por parte de la derecha, según apuntan a EFE fuentes del grupo mayoritario.

Sospechan que la derecha agitará el hemiciclo poniendo énfasis en que las víctimas de los dos bandos tienen distinto trato, pero recuerdan que la ley se fija en los represaliados del franquismo porque las víctimas del bando nacional ya fueron resarcidas por la Dictadura.

Por lo pronto, se atienen a los reproches inmisericordes que el grupo popular y Vox lanzan desde la primera línea de sus respectivas enmiendas de totalidad.

El PP considera que el proyecto, además de "innecesario e inoportuno", agita "el espíritu del guerracivilismo", pretende "dinamitar" la Transición, dibuja "una España de frentes y bandos que divide a los españoles en buenos y malos" y quiere "reeditar la división y la confrontación entre compatriotas".

Los populares llegan a calificarlo de "totalitarismo en estado puro" porque sus "pulsiones totalitarias", afirman, pretenden sustituir "la verdad fáctica de la Historia" recurriendo al "sectarismo" y al "discurso revanchista".

Además denuncian los "despropósitos intelectuales e históricos" así como las "auténticas barbaridades jurídicas" que a su juicio contiene la ley enviada al Congreso.

Tampoco ahorra calificativos la enmienda de Vox, que ve "espectacularmente sesgada y maniquea" la visión de la historia que aporta, en especial sobre la II República, y sostiene que fue la "bolchevización" del PSOE "lo que abocó a la República a un final violento".

Dice que el proyecto "invisibiliza" a las víctimas "asesinadas y reprimidas por la izquierda", como sacerdotes o muertos por el maquis o ETA, incide en su "constante adoctrinamiento de la ciudadanía" y afirma que disolver asociaciones como la Fundación Francisco Franco vulnera la libertad de asociación.

Respecto a la búsqueda de restos de los represaliados del franquismo, Vox apunta que se alientan para mantener la "patraña" de que España es el segundo país del mundo con más muertos en las cunetas y fomentando la idea "de una represión franquista desmesurada".

También rechaza modificar el estatus del Valle de los Caídos, cuyos enterramientos, recalca, "respondían a un designio de unión de los españoles caídos en la Guerra Civil", y concluye tachando el proyecto de "inmoral y posiblemente ilegal".

Con estos preámbulos, el grupo socialista da por seguro que en el hemiciclo se escucharán palabras muy gruesas y que el PP y Vox competirán entre sí para desacreditar la norma.

En este sentido, el PSOE lamenta que ello vaya a dejar a los populares fuera del consenso que merecerían los familiares de los represaliados para que puedan recuperar los restos de sus seres queridos.

Ciudadanos, una formación que sí acepta abordar la memoria histórica y que se reserva sus propuestas para el posterior trámite de enmiendas parciales, coincide en que en la tribuna saldrán muchos "espantajos" de la terminología de enfrentamiento de la Guerra Civil, y augura que Vox se empleará a fondo en el debate.

Las dos enmiendas de devolución se votarán al mismo tiempo, no así la de ERC, cuyo texto alternativo se construye a partir de la idea de que el proyecto del Gobierno se queda corto en cuanto al reconocimiento y reparación de las víctimas de la Dictadura.

Tanto es así que choca de plano con uno de los postulados centrales de la ley, según el cual se reconoce a las víctimas y se reafirma la nulidad de las sentencias represivas del franquismo, pero sin que ello dé lugar a reparación económica o responsabilidad alguna por parte del Estado.

Sin embargo ERC no solo propone indemnizar a los descendientes de fallecidos y represaliados, sino que fija en 135.000 la cantidad a pagar a cada uno de ellos y reclama que los tribunales franquistas sean declarados "ilegales".

Incluye en su proyecto un catálogo que amplía los lugares objeto de "museización" más allá del Valle de los Caídos, como la antigua Dirección General de Seguridad (DGS) de la Puerta del Sol, actual sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, o la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, en la Via Laietana de Barcelona, como lugares donde se practicó la represión y la tortura.

Plantea también extender el ámbito de la ley al uso de armas químicas en la guerra del Rif (Marruecos) e inventariar el papel moneda republicano incautado por el régimen de Franco para su intercambio y devolución.