El teniente de alcalde de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Millán Alegre, anuncia que mañana el equipo de Gobierno volverá a trasladar al Pleno Ordinario de septiembre la propuesta de aprobación del estudio de viabilidad económica - financiera de la concesión del Servicio de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros; después de que en el pleno extraordinario y monográfico del pasado jueves las cuatro formaciones de la oposición (PSOE, Adelante El Puerto, VOX y Unión Portuense) lo rechazaran.
Millán Alegre insiste en que si este trámite obligatorio no se aprueba no se podrá seguir avanzando en la redacción del pliego para sacar a concurso público el servicio que finaliza el 31 de diciembre y que no puede prorrogarse.
En caso de que, en esta segunda vuelta, señala Millán Alegre, la oposición no apoye al equipo de Gobierno en esta cuestión que es un servicio esencial de la ciudad, “nos veremos obligados a plantear un contrato por menos años que pondrá en riesgo la estabilidad del servicio e incluso el mantenimiento de toda la plantilla”.
Alegre hace hincapié nuevamente en que la aprobación del estudio “es imprescindible para comenzar a trabajar en el pliego de autobuses urbanos y supone únicamente el inicio del procedimiento administrativo, al exigirlo la Ley como requisito previo a la redacción del documento”. El teniente de alcalde de Medio Ambiente recuerda que no es propiamente el pliego del contrato, puesto que la redacción del pliego conllevará un trabajo posterior en el que se buscará el mayor consenso posible entre formaciones políticas y colectivos.
El teniente de alcalde espera que los partidos de la oposición reflexionen sobre el bloqueo al estudio, ya que sólo es un trámite previo y una primera valoración técnica del servicio, que incluye algunas posibles mejoras que se trabajarán junto con otras que surjan de las distintas reuniones que se mantengan en las mesas de trabajo.
Las consecuencias de un nuevo bloqueo mañana impedirían que el Ayuntamiento de El Puerto pueda continuar con la licitación prevista que se proyectaba en línea generales por el Gobierno municipal y, por tanto, nos encontraremos ante un escenario nada halagüeño.
Millán Alegre quiere explicar que al finalizar el actual contrato y forzosamente con ello terminar la prórroga vigente el próximo 31 de diciembre, para continuar con el servicio de transporte en la ciudad y si el Pleno como órgano de contratación no aprueba este estudio previo, debe tramitarse un nuevo procedimiento de licitación a través de la Junta de Gobierno Local, lo cual limita el tiempo de contrato y el coste del mismo, concretamente por el presupuesto del contrato el tiempo de duración será de máximo dos años.
Millán Alegre quiere recordar a todos los partidos que configuran la Corporación Municipal que en la actualidad en el sector del transporte y, en concreto, este servicio es uno de los más damnificados debido a la pérdida de viajeros que se está produciendo por efecto del COVID19.
En las estimaciones y proyecciones que se han realizado por los servicios municipales más de 300.000 euros se pueden dejar de ingresar por tarifas en 2021, lo cual deberá proveerse en el presupuesto del contrato. Este importante dato, continúa relatando el edil de Medio Ambiente, puede suponer una enorme dificultad a la hora de su financiación por el Ayuntamiento. Por tanto, la concesión de un contrato a diez años podría de algún modo repartir este mayor déficit de una manera más suave, y en futuros años de contrato podría compensarse con la ganancia de nuevos viajeros. Porque de no hacerse así, la otra opción a la que nos tendremos que enfrentar para amortiguar esta pérdida de ingreso será el ajuste de servicios, y recorte de líneas, y por tanto de gastos, dando a su vez una menor cobertura de movilidad a la ciudadanía.
Alegre insiste en que tenemos que tener en cuenta igualmente que las empresas del sector del transporte debido igualmente a la pandemia, y a las pérdidas que ello les está originando, en la actualidad tienen su economía muy maltrecha y la posibilidad de acudir a contratos públicos está bastante limitada. Por tanto, “un contrato de duración de dos años resulta muy corto en una concesión de servicios de esta naturaleza, con más de 20 autobuses de flota, y una plantilla de unos 50 trabajadores, suponiendo en estos momentos un gran riesgo para las mismas, pudiendo afectar enormemente a la concurrencia del procedimiento, y a la atracción al sector a acudir a la licitación”.
En los análisis y proyecciones realizadas por los técnicos municipales que se han trasladado al estudio económico, y que por tanto pretendía reflejarse en el contrato inicialmente previsto a diez años, se realiza una actualización de costes, entre ellos algunos tan determinantes como el del precio de los combustibles, y el de los salarios de los trabajadores, igualmente se actualizan los márgenes comerciales para los operadores del servicio; todos estos costes trasladados a dos años a un nuevo contrato, además de los ya citados de la pérdida de ingresos, hacen dificultar enormemente la financiación municipal del contrato. Millán Alegre insiste en que la otra opción pasa por corregir este mayor gasto eliminando servicios y, por ende, líneas urbanas o frecuencias y recorridos.
Otro aspecto a considerar en este contrato reducido en el tiempo al que nos veremos abocados si mañana el estudio no recibe luz verde en el Pleno, señala el concejal de Medio Ambiente, serán las inversiones a llevar a cabo.
Cabe recordar que en el contrato proyectado a diez años trasladado en el Estudio se plantea la renovación de un total de 17 autobuses, así como la propuesta de que estos fueran más sostenibles ambientalmente, más todo el capítulo de tecnología de la información al usuario que se incorporaba, como SAE, app, tecnología abordo, pago por móvil, cámaras de videovigilancia, etc.; que quedarían obviamente anuladas en un contrato de dos años porque la consecuencia negativa en un contrato tan corto como el que puede aprobarse a través de la Junta de Gobierno es la imposibilidad de acometer estas inversiones. Lo que generaría indudablemente también, entre otros aspectos negativos, una mayor antigüedad de los vehículos. Algunos se pondrán con 15 años de servicio, lo cual hace que disminuya el atractivo para los ciudadanos, provocando un descenso de usuarios, un aumento de los costes de avería, y lo aún peor, aumentando la contaminación en la ciudad y los gases de efectos invernadero.
“Es evidente que la obsolescencia de la flota a efectos de próximas subvenciones estatales o regionales en el transporte, donde se quiere incentivar los vehículos ecológicos, o más sostenibles, pueden asimismo mermar una futura cofinanciación o entrada de nuevos ingresos que ayuden a sufragar gastos del servicio, e incluso las propias inversiones que se lleven a cabo”, apuntilla Millán Alegre.
Por último, Millán Alegre reseña igualmente que, por el contrario, si la oposición mañana cambia su posicionamiento para apoyar dicho estudio se procedería a cerrar la financiación y la redacción de pliegos para aprobar su tramitación definitiva en un nuevo Pleno municipal.
