Los trabajadores de la empresa municipal Impulsa El Puerto vuelven a denunciar su situación tras acogerse la misma a un concurso de acreedores, todo ante “la insistencia en proponer condiciones de despidos” en los que “los compromisos que en su día nos realizó a todos los trabajadores han caído en saco roto”.
Sus trabajadores recuerdan las promesas realizadas en campaña electoral del alcalde socialista David de la Encina.
“En lo que respecta a Impulsa, todo, absolutamente todo, lo ha incumplido”. Ni “unificación”, ni “supresión de los sueldos escandalosos de las gerencias”, ni “mantenimiento de las plantillas sujetas a convenio colectivo”, ni “mejorar la eficiencia de cada puesto de trabajo”, ni tampoco la “supresión de gastos en asesoramientos externos”, apostillan en una nota de prensa.
Se lamentan que “llevamos más de año y medio en una situación de desamparo total. Completamente solos, sin ningún tipo de apoyo, ni trato humano, ni del equipo de Gobierno, ni del Consejo de Administración de Impulsa. Hemos sobrevivido a duras penas, sufriendo incluso la dimisión de nuestra querida presidenta Silvia Varela por razones obvias, y en todo momento hemos intentado buscar y proponer infinitas soluciones para enderezar el rumbo de la empresa y solucionar la insolvencia puntual que nos ha sobrevenido por negligencia política”, aseguran.
De entre las actuaciones políticas que han desencadenado la quiebra técnica de la empresa municipal enumeran, entre otras, la “negativa al reconocimiento de deuda de la duplicación del puente de Las Salinas. 1.700.000 de euros (puesta en marcha y aprobación unánime de PP, PA, PSOE, IU e IP). Incluso contando con una certificación a favor del anterior interventor municipal”, como así la “negativa al reconocimiento de deuda de la supresión de la Zona Naranja y a la remunicipalización de ciertos servicios municipales o la negativa a satisfacer las rentas sobre el uso de ciertas parcelas propiedad de Impulsa por el Ayuntamiento: Centro de Reciclaje, Centro de Autobuses, Edifico CLE..., todo por importe de 2.800.000 euros”.
En total, “más de cinco millones de euros, que el Ayuntamiento nos adeuda y que ni siquiera llegan a reconocer ni un solo euro”. Dicen que “sorprendentemente, el dueño único de la empresa, nos encarga la realización de un Plan de Viabilidad a los trabajadores. Además proponiendo 3 salidas negociadas voluntarias y pactadas para dejar la sociedad con 6 trabajadores. Y lo que es aún más importante, proponiendo una reducción salarial del 36,32% de nuestros sueldos. Al igual que una reducción en Seguridad Social del 31,42%”.
Se lamentan que PSOE, IU y Levantemos apoyen por un lado “este despido masivo” y por otro “quieran derogar la reforma laboral”.
