El Sindicato Coordinadora Sindical de Clase – mayoritario en Ayesa Advanced Technologies – y ante el cierre anunciado del centro de SDS, filial de Ayesa AT, con el consiguiente despido de 55 trabajadores y 19 más trasladados al centro de Sevilla, señala que rechazan de plano la destrucción de los puestos de trabajo así como el cierre de SDS en El Puerto de Santa María, ya que “este cierre de SDS se produce en el marco de un grupo empresarial que, en 2013, obtuvo un 20% más de beneficios y que su volumen de negocio creció un 12%, con unos ingresos que ascendieron a 239 millones de euros”.
Según la central sindical, “la Junta de Andalucía, Endesa y Caixabank son igual de responsables que Ayesa en el cierre de SDS y como es sabido que Andalucía es una de las regiones con más paro de Europa, siendo la provincia de Cádiz la que mayor tasa de desempleo tiene, por encima del 40%, el Sindicato Coordinadora Sindical de Clase considera “todavía más vergonzoso el comportamiento mantenido por la Junta de Andalucía que no ha movido un dedo por defender el derecho al trabajo de los 55 trabajadores que van a perder sus puestos de trabajo, máxime cuando la Junta es accionista en un 22% de Ayesa AT y su mayor cliente”.
Tan es así, que el sindicato sostiene que “el Gobierno de Andalucía ha estafado a los andaluces doblemente con la venta a precio de saldo de la antigua Sadiel en lo que parece “todo un ejercicio de oscurantismo y falta de transparencia, como han reconocido los mismos Diputados del Parlamento andaluz. Así, el Diputado Fuentes Lopera del Grupo Popular, en Comisión de Hacienda y Administración Pública celebrada el pasado 8 de marzo de 2011, denunció que nadie explicó la operación de venta de Sadiel a Ayesa, reconociendo que se enteraron por la prensa sin que el Parlamento conociera “cómo se han establecido los criterios de precios, coste de reflotación de empresas y entradas y salidas de capital en sectores estratégicos”.
El sindicato señala que “la segunda estafa ha sido el plan Bahía Competitiva, convertido en un nuevo caso de corrupción del Gobierno de la Junta, por el que, según el exconsejero Francisco Vallejo en septiembre de 2008, enumeró en el Parlamento andaluz los planes de 10 empresas adheridas al Plan Bahía Competitiva con el que garantizaba la creación de 1.595 empleos para los extrabajadores de Delphi, una inversión total que ascendía a 675 millones de euros y que iba a crear 3.400 empleos en la Bahía; siendo el primer proyecto SDS, que pretendía alcanzar 200 trabajadores en 2009 y con una inversión inicial de 1,5 millones de euros. La realidad nada ha tenido que ver con lo que garantizaban los miembros del Gobierno de la Junta en 2008. Seis años después se ha regalado dinero público y subvenciones a empresarios sin cumplirse nada de lo que dijeron”.
Concluye la central sindical que “la corrupción está extendida por todas las instituciones políticas del país y estando Andalucía a la cabeza en casos de corrupción, pues en 2013 los juzgados andaluces juzgaban 561 casos de corrupción de 1.661 existentes en toda España y la Presidenta de Andalucía está más pendiente de promocionarse para alcanzar sus objetivos políticos personales que en resolver los problemas de los andaluces y en defender el derecho al trabajo que tiene el Pueblo en la región del Paro, eludiendo la responsabilidad que la Junta tiene tanto con los trabajadores de SDS como con los trabajadores de Ayesa AT”.
Desde CSC exigen “que la Junta de Andalucía tome cartas en el asunto e intervenga en Ayesa AT para poner freno a todos los atropellos perpetrados por el accionista mayoritario contra los derechos de los trabajadores, destruyendo empleo decente y precarizando las condiciones de trabajo”.