“No estoy dispuesta a irme de mi casa”. De esta forma tan rotunda se expresaba Ángela Montoya, una de las inquilinas de una vivienda de Suvipuerto. Y es que, según documentación que le ha llegado desde la empresa municipal, esta mujer, junto con su familia, tendría que abandonar su vivienda el próximo 21 de febrero. “A Ángela le han dicho en Suvipuerto que el caso está archivado, pero lo cierto es que no le han presentado ningún papel por escrito que demuestre que no se va a producir el desahucio”, ha explicado a este medio Rafael Portela, miembro de Foro Social Portuense. Esta fecha coincide, además, con el fin de contrato de alquiler de la vivienda que, según la documentación que posee Ángela, finaliza el día 22 de este mes.
La familia ha mostrado su preocupación, ya que sus circunstancias personales son “muy difíciles”. “En casa vivimos ocho personas, mi marido y yo, con cinco de mis hijos y un nieto”, explica Ángela. A esto, se suma la circunstancia de que todos los miembros de la familia se encuentran en situación de desempleo y, actualmente, los únicos ingresos que tiene la familia provienen de Ángela. “Tengo un 65% de discapacidad, por lo que recibo una pensión no contributiva de 357,70 euros”, apunta la inquilina, a lo que añade que “esto no es suficiente para pagar el alquiler de los 67 euros de la vivienda, porque tengo que dar de comer a ocho personas y llevar mi casa hacia adelante”, sostiene.
Según puntualiza la familia, creen que el desahucio, al no recibir notificación de que no se iba a materializar, está fundamentado en una deuda existente el pasado mes de octubre de más de 700 euros, a lo que se suman las mensualidades hasta este febrero. No obstante, indican que “este mes, Suvipuerto se ha cobrado de la cartilla el alquiler”, sostiene la inquilina.
Igualmente, existen otras razones por las que la familia cree que se puede producir este desahucio. “Sabemos que hay vecinos que no quieren que vivamos aquí”, comenta Ángela. Esto se debe a que esta inquilina sufre un trastorno mixto ansioso depresivo que provoca situaciones no muy agradables. “Muchas veces los vecinos han llamado a la policía porque me han escuchado gritar, pero es que yo me pongo muy nerviosa por todo lo que tengo encima y es algo que no puedo evitar, es fruto de mi enfermedad”, explica Ángela.
Aunque la familia ha solicitado diversas reuniones con el concejal de Vivienda, Antonio Jesús Ruiz, para saber qué ocurrirá con su situación, lamentan que aún no haya habido respuesta por parte del concejal.
Aun así, confían en poder alcanzar un acuerdo y continuar en su vivienda.
