Inesperada la resolución que este miércoles se conocía por parte de la Audiencia de Sevilla con respecto al asunto que parece postergarse hasta el infinito y más allá en el Betis, como es el relacionado con el levantamiento o no de las medidas cautelares que pesan sobre el 51,34 por ciento de las paquete de acciones, propiedad de Farusa.
Y es que Lopera continúa a base de recursos y recusaciones múltiples, extendiendo la decisión que muchas ya esperan como agua de mayo.
Pero no será un parto inmediato; al menos, tras conocerse que la Audiencia de Sevilla ha acordado aplazar la decisión sobre si levanta o no las medidas cautelares que dictó la jueza Mercedes Alaya, por las que el Betis está intervenido judicialmente desde agosto de 2010, por un incidente de nulidad planteado por el abogado defensor de Manuel Ruiz de Lopera.
Así las cosas, el letrado José María Calero, que representa al expresidente bético, prevé que la resolución se demore, como mínimo, hasta septiembre, mientras que la parte denunciante, ligada a las distintas plataformas opositoras en su día del exmandamás verdiblanco, argumentan que oscilará entre 15 y 20 días.
En este sentido, el abogado del exdirigente heliopolitano ha explicado a los periodistas que presentó el incidente de nulidad por las 48 resoluciones dictadas en este caso por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, que en mayo pasado fue apartado del procedimiento porque un denunciante es tío del juez.
Las resoluciones, en suma, fueron dictadas antes de que la defensa de Lopera planteara la recusación, que en mayo fue resuelta por la sección tercera de la Audiencia porque consideró que existía la causa objetiva que señala la ley respecto a que un juez debe abstenerse de juzgar, si como en este caso, existiese parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado con una de las partes del litigio.
Al no cumplir el magistrado por iniciativa propia el deber de abstención, según el abogado de Lopera, decidió plantear el incidente de nulidad para que la sección primera de la Audiencia decida si son nulas en su totalidad o de forma parcial, ya que considera que el tribunal no fue “imparcial”. Tras celebrarse la vista, la ponente, María Auxiliadora Echavarri, decretó el aplazamiento.
