La juez que investiga la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis tomará declaración mañana a los peritos que afirman que perjudicó económicamente al club en 17 millones de euros en las temporadas 1999 a 2008, tras otro peritaje que cifró ese daño en 12,4 millones en las temporadas 1993/98.
Los dos peritos judiciales van a comparecer durante dos días, mañana y tarde, en el juzgado de instrucción 6 para responder a las preguntas de la juez Mercedes Alaya, la fiscal del caso, los abogados de las plataformas béticas que ejercen la acusación y los defensores de los ocho imputados.
En su informe al que ha tenido acceso Efe, aseguran que "la comparación entre los recursos ordinarios generados por la actividad deportiva del Real Betis" cedidos a las empresas de Lopera y las obligaciones de pago reconocidas por éstas a favor del club arrojan un balance "claramente favorable" a Ruiz de Lopera.
En el conjunto de las temporadas 1999-2008, los ingresos obtenidos por Encadesa, la empresa de Lopera, "son superiores a los reconocidos a favor del Real Betis en 82.916.550 euros", si bien de ello hay que descontar los gastos asumidos por la empresa.
Dice el informe que, en las nueve temporadas analizadas, la diferencia entre los ingresos generados por el Betis y los gastos asumidos por las empresas de Lopera supuso un saldo favorable a éste último de 11.322.522 euros.
A ello se deben añadir 4.842.559 euros de rendimientos financieros; 591.017 euros de otros ingresos de la actividad deportiva; 177.556 euros de intereses de demora por el retraso de unos pagarés y unos costes de personal de Encadesa no vinculados a la actividad deportiva y cifrados en 128.170 euros.
En total, 17.061.825 euros que los peritos señalan como perjuicio causado al Betis, cantidad que se une a los 12,4 millones en que cifraron dicho perjuicio en las temporadas 1993/98, según el primer informe entregado en marzo de 2010.
La juez Alaya ha imputado a Ruiz de Lopera delitos societarios en la gestión del club, le ha impuesto una fianza de 25 millones de euros y ha colocado el club bajo administración judicial.
Los dos inspectores concluyen que el Betis no necesitaba las "garantías" prestadas por Ruiz de Lopera y sus entidades, pues en realidad se prestaron con cargo a "los bienes y derechos" propiedad del club, y como ha demostrado "la realidad material de los hechos" fue el Betis quien "garantizó con sus recursos esas operaciones de crédito".
En esta causa están imputados Lopera, el exvicepresidente del club Ángel Martín y otras seis personas, trabajadores contratados por Lopera y supuestos testaferros de sus empresas
