María Dolores Rosa Álvarez, que es trabajadora de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), actualmente en situación de baja laboral, y que concurrió en el puesto número cinco de la lista de IU a las elecciones municipales en dicha localidad, afirma que el Consistorio egabrense, gobernado por el PP, no evita que se le acerque su expareja, otro empleado municipal, a pesar de que está condenado por sentencia firme a no acercarse a ella a menos de 250 metros, tras haberla amenazado y vejado.
Así lo ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, la propia afectada, quien ha recordado que fue en 2012 cuando su maltratador, Jorge Rada Cordón, trabajador de la Delegación de Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Ambiente del Ayuntamiento, fue condenado por primera vez, como autor de una falta de vejaciones contra ella, a la pena de prohibición de aproximarse a menos de 100 metros, lo cual incumplió, pues acudió al mismo edificio municipal (Casa de la Cultura) donde ella trabajaba y le envió mensajes a su móvil llamándola 'puta' y también asegurando que iba a ir a por ella, resultado que este segundo mensaje llegó al móvil de la víctima cuando estaba denunciando estos hechos en la Comisaría de la Policía Nacional.
Como resultado de ello, el empleado municipal fue de nuevo condenado, en septiembre de 2014, y en este caso admitiendo él mismo los cargos y dando su conformidad a la sentencia, consultada por Europa Press, y que le impuso una pena de nueve meses y un día de prisión por un delito continuado de quebrantamiento de condena, además de una pena de seis meses de prisión y prohibición de acercarse a menos de 250 metros de la víctima, bajo cualquier circunstancia, a lo largo de dos años y seis meses, por un delito de amenazas leves.
Sin embargo y dado que su expareja ha seguido incumpliendo durante su actividad laboral con la citada prohibición de acercarse, María Dolores Rosa Álvarez remitió en febrero de este año un escrito al alcalde de Cabra, Fernando Priego (PP), informándole de tal situación y de que ello suponía el incumplimiento de una sentencia judicial firme.
En concreto, en dicho escrito, consultado por Europa Press, le pidió al alcalde que "se tenga por enterado de esta situación, y se den las órdenes oportunas para hacer cumplir dicha sentencia, ya que a día de hoy, tengo constancia de lo contrario. En caso de no ser así, me reservo el derecho a emprender cuantas acciones legales crea oportunas en defensa de mis intereses encaminados a cumplir la sentencia a la que aludo y de la que adjunto copia".
La respuesta del Ayuntamiento, firmada por el pasado 27 de abril por el delegado de Urbanismo, Obras y Servicios del Consistorio, Juan Ramón Pérez, a la que ha accedido Europa Press, indica que el Ayuntamiento, desde que tuvo conocimiento de la citada sentencia, la comunicó al encargado del servicio del que depende el condenado, con el fin de "evitar que el trabajador Jorge Rada realice trabajos en solitario, estando siempre acompañado por otro compañero", con orden expresa de "evitar realizar trabajos por parte de Jorge Rada en las dependencias municipales" donde trabaja la víctima".
También, según recoge la respuesta del Consistorio, se mantuvo una "conversación con el inspector jefe de la Comisaria de Policía Nacional de Lucena-Cabra sobre la sentencia y las medidas que debía adoptar este Ayuntamiento" e igualmente "con la Unidad de Violencia de Genero de la Policía Nacional sobre la sentencia y las medidas que debía adoptar este ayuntamiento y actuar en consecuencia".
Como consecuencia de ello, por el Consistorio, según continúa en su respuesta a María Dolores Rosa Álvarez, se ha dispuesto la "adopción de todas las medidas que se nos aconsejaron desde el Cuerpo Nacional de Policía", incluyendo el "dar instrucciones a la Policía Local para el control de este trabajador durante sus horas de servicio", además de "dar instrucciones precisas de todo lo anterior al encargado del servicio", ofreciéndose, por último a la víctima, para hacerle cualquier aclaración que precisara.
A pesar de ello, el condenado ha llegado a pasar junto a la víctima, según el relato de ésta, durante su horario de trabajo y mientras portaba una pala, mirándola fijamente, lo que, además de suponer el incumplimiento de la condena, ha derivado en que la empleada municipal no se sienta segura y esté de baja laboral.
Por todo ello y con fecha del pasado 6 de mayo, ha dirigido un segundo escrito al alcalde, al que todavía no ha tenido respuesta y en el que manifiesta que, "en aras de defender mi integridad física y psíquica, para que se me asegure el normal desarrollo de mi actividad laboral en mi centro de trabajo con total seguridad", solicita que se le "dé traslado por escrito de las medidas aconsejadas por el inspector jefe de la Comisaría de Policía Nacional de Lucena-Cabra y de la Unidad de Violencia de Género de la Policía Nacional, a fin de poder valorar la situación por los profesionales que están haciendo el seguimiento de mi baja laboral".
