El Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba ha admitido a trámite la apertura de una pieza separada sobre la solicitud de los sindicatos UGT y CTA de que proceda a la separación del cargo de los actuales administradores concursales de Laboratorios Pérez Giménez, que tienen desde ahora un plazo de diez días para presentar alegaciones.

   Así lo han anunciado este viernes los sindicalistas José Ruiz (UGT) y Francisco Moro y Pilar Relaño (CTA), explicando que esta es la respuesta del juzgado a la solicitud que hicieron en su día respecto a los concursales, "para que sean cesados de sus funciones, por graves distorsiones en la gestión del concurso" que están haciendo de la citada farmacéutica cordobesa y "por no realizar los trabajos a lo que están obligados".

   Tanto es así, que, según han subrayado los representantes sindicales, "los extrabajadores de Laboratorios Pérez Giménez de otras provincias aún no han recibido los certificados de empresa para poder reclamar al Fogasa la parte de indemnizaciones y salarios pendientes que les corresponden, lo que entendemos que es, cuanto menos, un agravio comparativo, un ejercicio de mala fe y de dejadez extrema por parte de la Administración Concursal, máxime cuando los certificados llevan fecha del 20 de febrero", y cuando los exempleados de los laboratorios fueron despedidos, vía ERE, en diciembre el pasado año.

   En este sentido, Ruiz y Moro han dicho no entender "la obsesión de la Administración Concursal por querer, primero destrozar a los trabajadores y sus familias, y ahora ni siquiera colaborar en la venta de la empresa, no cumpliendo lo ordenado por la Audiencia Provincial", en cuando a la adjudicación de la empresa a la sociedad Globalaeronautic.

   Así, según han señalado los sindicalistas, el auto de la Audiencia "ordena que se establezca un periodo de negociación (de Globalaeronautic) con la Administración Concursal, el imprescindible que de común acuerdo consideren ambas partes, para disponerlo todo al efecto de llegar a escriturar, incluyendo la constatación del estado actual de las instalaciones".

   Sin embargo, a juicio de los sindicatos, "la Administración Concursal no está colaborando para nada, puesto que no ha abierto un periodo de negociación para ver como se compensa el deterioro que han sufrido las instalaciones, así como la caducidad de los registros sanitarios y la pérdida del certificado de GMP para la fabricación de medicamentos. Esta situación no se puede olvidar que se ha producido por la gestión que han realizado los administradores concursales, que a su vez han sido administradores sociales y que tienen los laboratorios sin producción más de un año, abandonando incluso el mantenimiento de las instalaciones".

   En opinión de Ruiz y Moro, la empresa adjudicataria "tiene derecho a exigir que las instalaciones estén en las mismas condiciones que cuando efectivamente pusieron el depósito de un millón de euros", como parte de su oferta de compra por once millones, "y si los administradores concursales no pueden garantizar" que las instalaciones estén como hace un año, "entonces tienen que entrar en negociaciones" con la adjudicataria.

   Por eso, lo que los representantes de los trabajadores exigen al Juzgado de lo Mercantil, así como de los administradores concursales, "es que no dificulten más de lo que ya lo han hecho la venta del laboratorio, ya que ambos sindicatos estamos por la continuidad de la actividad económica y a favor de que Córdoba pueda recuperar su industria farmacéutica".

   Sin embargo, dada "la actitud de engaño e incumplimientos que la Administraciónn Concursal está manteniendo en todo el concurso, informando mal y faltando a la verdad en lo poco que informan, y ante la constante actitud de ignorar los acuerdos que se adoptan, entendemos que su objetivo es destrozar el laboratorio".