Representantes de distintos sindicatos se han concentrado este viernes ante el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba, donde se celebra la Conferencia Sectorial de Justicia, con la presencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y los consejeros autonómicos del ramo, entre ellos el andaluz José Antonio Nieto.
Al respecto, representantes de CSIF han realizado una protesta para trasladar por una parte al ministro "la necesidad de cerrar el conflicto de justicia con la negociación de la definición y el reconocimiento de las funciones del personal de Justicia de los cuerpos generales y, en consecuencia, de aprobar el incremento económico del Complemento General de Puesto de Trabajo (CGPT) vinculado a estas, además de cumplir con el compromiso de la publicación del Real Decreto de la Carrera Profesional y la regulación del teletrabajo en la Administración de Justicia".
Así, el sindicato ha expresado su rechazo al "uso que se hace de los trabajadores de Justicia en las batallas políticas entre el ministro Félix Bolaños y el consejero José Antonio Nieto". La central sindical ha reprochado "la actitud del Gobierno de España por no reconocer las funciones que llevan implícito el reconocimiento retributivo en el CGPT a los profesionales", al mismo tiempo que "ya es hora de que el Ministerio cumpla los compromisos contraídos en lo que se refiere a la carrera profesional y el teletrabajo", han defendido.
Asimismo, CSIF ha pedido a la Junta de Andalucía "más negociación y menos recortes, como ha ocurrido recientemente con la falta de cobertura por personal interino de las bajas por enfermedad, así como la supresión de refuerzos", al tiempo que han echado en falta en la Administración autonómica "una verdadera voluntad negociadora de un nuevo Acuerdo Marco Autonómico en Andalucía que contemple la actualización del Complemento Específico, la productividad, el desarrollo de la carrera profesional, complementos de violencia, libranzas en los servicio de guardias, la recuperación de las ayudas de acción social y la recuperación de las pagas extra de 2013 y 2014, siendo Andalucía la única comunidad que no las ha devuelto, pese a comprometerse a ello".
La central sindical ha lamentado que "Nieto no haya cumplido con el compromiso adquirido en dos ocasiones de sentarse a negociar todos los conceptos retributivos vinculados a cuestiones exclusivamente autonómicas como las cargas de trabajo". "Nieto es el único consejero de Justicia que va a dejar tirados a sus funcionarios en Andalucía, que es donde se registra el mayor nivel de litigiosidad a nivel nacional", ha destacado el sindicato.
Además, han agregado que "Andalucía queda relegada a la cola desde el punto de vista retributivo tras los acuerdos que se han alcanzado en el País Vasco, en Madrid, en Cataluña, en Asturias, en La Rioja, en Aragón y en Canarias, así como en las comunidades dependientes del Ministerio de Justicia: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares, además de Ceuta y Melilla".
CSIF, ante el recurso presentado por la Junta contra el acuerdo de la Mesa Delegada, ha apuntado que "el consejero se ha quedado sólo, pese a que manifestó que las comunidades de Aragón y de Valencia también iban a recurrir por vía judicial y finalmente estas han optado por la negociación".
"Todo esto demuestra que se trata de una excusa del mal pagador del consejero, que utiliza este anuncio como única salida para eludir la negociación", ha indicado la organización, que le ha recordado a Nieto que "los cuerpos generales son funcionarios sin toga, pero ellos son sus verdaderos trabajadores, aunque por sus actos y sus manifestaciones diarias parece desconocerlo". "Ahora es el momento de que el consejero dé la cara por sus funcionarios en lugar de ignorarlos y despreciarlos", han subrayado desde CSIF.
"PERMANECEN INALTERABLES LAS REIVINDICACIONES"
Por otra parte, desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), que también se han concentrado ante dicha Conferencia Sectorial, han informado de que los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia mantienen el conflicto con el Ministerio y reclaman el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que efectivamente se desempeñan.
Según han expuesto, "en el año 2023, los integrantes de la Oficina Judicial de la Administración de Justicia --jueces, fiscales, LAJs, Cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia-- mantuvimos un conflicto con el Ministerio de Justicia, entonces presidido por Pilar Llop, quien solucionó el conflicto con los colectivos de jueces, fiscales y LAJs, obviando y dejando pendiente el de los cuerpos generales y especiales --45.000 trabajadores-- a pesar de la convocatoria de una huelga general que duró casi cuatro meses y que se tuvo que desconvocar debido a la celebración de elecciones generales en el mes de julio".
En este caso, han comentado que "las principales reivindicaciones de la plataforma sindical formada por los sindicatos más representativos del sector --CSIF, STAJ, CCOO y UGT-- eran y siguen siendo las mismas, un incremento del Complemento General del Puesto, un complemento común para los 45.000 trabajadores de todo el Estado y el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realizan".
Al hilo, han precisado que "en enero de este año, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, prometió en la Comisión de Justicia del Congreso una solución al conflicto, diciendo que iban a retomar las conversaciones para tratar las reivindicaciones salariales de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia".
Si bien, "en el mes de abril el ministro incumpliendo su promesa firmó con dos sindicatos de la plataforma sindical CSIF y UGT que representan menos del 40 por ciento del colectivo, un acuerdo al margen de la reivindicación principal y por la que fuimos a la huelga, de incremento del complemento general del puesto que significaba una subida para los 45.000 trabajadores, y en su lugar se firmó un acuerdo de subida retributiva en el complemento específico que significaba una subida sólo para un ámbito, el ministerial, unos 12.000 funcionarios", han advertido.
En definitiva, han apuntado que "el Ministerio con la complicidad de una minoría sindical hizo trampa, abandonando y dejando sin subida salarial a las dos terceras partes de los funcionarios que pertenecen al resto de comunidades con competencia en materia de Justicia, dándole la única opción de que debían de entenderse con sus respectivas comunidades".
"Para el Ministerio, la firma con estos dos sindicatos significa el cierre del conflicto, no obstante, para STAJ el conflicto continúa abierto, porque permanecen inalterables las reivindicaciones por las que fuimos a la huelga en abril de 2023 y por las que nos están detrayendo nuestro salario, esto es, un incremento del complemento general del puesto y el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realizamos", han subratado desde el sindicato.
Por lo que respecta a Andalucía, desde STAJ han indicado que desde 2022 exigen a la Consejería "la revisión de los complementos autonómicos, motivado fundamentalmente por dos causas, primera, porque Andalucía, junto con Canarias, tiene la tasa de litigiosidad, año tras año más alta de toda España", y, segundo, "por la implantación y desarrollo del programa de gestión '@driano', que requiere un esfuerzo de adaptación y formación extraordinario".
Además, han pedido a la Consejería "la devolución de los recortes salariales de 2013 y 2014, puesto que somos la única comunidad que aún no ha devuelto a su personal de Justicia aquellos recortes, 12 años después". Ante ello, han reclamado al consejero una reunión "urgente para abordar la situación de discriminación salarial".
