El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes un gasto de 38,3 millones de euros (IVA excluido) para la urbanización de los terrenos de la futura base logística del Ejército de Tierra en el Parque Industrial La Rinconada en Córdoba.

Esta actuación se desarrollará entre 2022 y 2024, fruto del convenio urbanístico firmado en septiembre pasado entre la Junta de Andalucía, el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Córdoba, ha informado la Oficina de Comunicación de la Junta.

Se prevé la creación de 1.600 puestos de trabajo directos en los próximos seis años, a los que se sumará más de un millar de indirectos con la reactivación de la industria auxiliar y servicios, como escuelas, vivienda y hostelería. Además, la base logística atraerá a otras empresas en materia logística.

La nueva base logística del Ejército de Tierra es una punta de lanza tecnológica, con elementos de inteligencia artificial, digitalización e innovación y eficiencia energética, que será transformador para la economía de Córdoba y Andalucía.

La Junta se comprometió durante la firma de este convenio a constituir gratuitamente, por un plazo de 75 años, un derecho de superficie sobre una parcela de 85 hectáreas para su posterior adscripción a la Defensa Nacional y para su uso por el Ministerio de Defensa, una vez aprobada la modificación del Plan Parcial del Parque Industrial La Rinconada, y su uso como base logística del Ejército de Tierra, bajo la denominación ‘General del Ejército Javier Varela’.

Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Córdoba se encargarán de las tareas necesarias para urbanizar los terrenos hasta que adquieran la condición de solares: desde la modificación de todos los documentos de planeamiento y proyectos hasta la ejecución de los trabajos.

Los costes de urbanización pendientes se estiman en más de 70 millones de euros (IVA excluido), de los que a la Junta de Andalucía le corresponde sufragar más de la mitad (38,3 millones), ya que le corresponde asumir un 38,2 % en concepto de propietaria y un 15,68 % en concepto de precio por la adquisición de suelo.

Esta autorización del gasto pasa por el Consejo de Gobierno al tratarse de una operación superior a los ocho millones de euros.

De esta manera, la urbanización de los terrenos se desarrollará en tres anualidades, con un reparto de 10,8 millones para 2022, 18 millones para 2023 y 9,5 millones para el último año.