La empresa municipal de autobuses, Aucorsa, podrá solicitar un aval para hacer frente a la multa de 1,3 millones de euros que Hacienda le ha impuesto por el IVA correspondiente al año 2017. Por un cambio de normativa, la empresa fue objeto de una inspección tributaria en relación a este impuesto en los últimos cuatro ejercicios y ahora la Agencia Tributaria exige a Aucorsa un aval con una duración de un máximo de cinco años, período por el que se alargará el procedimiento de reclamación contra la liquidación impuesta en cuestión. 

El gobierno local ha tenido que elevar esta cuestión al pleno de marzo pese a tener en contra un duro informe de Intervención, la cual se ha opuesto a que el Pleno autorice a la sociedad Aucorsa a pedir un aval por un importe de 1.327.574,66 euros para hacer frente al pago del IVA, entre otras razones, porque el plazo habría vencido, ya que la fecha tope de ingreso del acta de inspección finalizó el 20 de enero de 2022. 

En su informe, además, la interventora rechaza la operación y entiende que es Aucorsa la entidad que ha incumplido sus obligaciones fiscales, sin que a su juicio el Ayuntamiento como ente matriz pudiera abonar dos veces el mismo importe de no prosperar las reclamaciones interpuestas por la empresa de autobuses contra las distintas actas de inspección por IVA de distintos ejercicios presupuestarios. Asimismo, considera que no corresponde al Pleno aprobar o acordar la operación de aval al carecer de competencia para ello.