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Chiclana

Las telecomunicaciones suman 60% de las quejas en la OMIC en junio

La Oficina Municipal de Información al Consumidor ha tramitado 127 expedientes durante el pasado mes de junio.

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La Delegación Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), ha informado que, durante el mes de junio, ha tramitado 127 expedientes frente a entidades y empresas con las que existe un conflicto relativo a los derechos del consumidor. Estos expedientes son fruto de las 274 consultas planteadas por los usuarios durante el mismo periodo de tiempo, esto es, el 46,35% de las consultas han sido admitidas a trámite.

Por noveno mes consecutivo, las empresas y servicios vinculados a las telecomunicaciones acaparan el porcentaje más alto de tramitaciones, siendo éstas un total de 70 los expedientes gestionados, lo que equivale a un 61,40% del total.

En este sentido, cabe destacar que las discrepancias en las cantidades facturadas, el cobro de servicios no contratados, la tarificación adicional, los problemas a la hora de gestionar la portabilidad de una compañía a otra y quejas en el servicio de atención al cliente, continúan un mes más siendo los principales asuntos que conforman las reclamaciones en este sector.

Tras los servicios de telecomunicaciones, las quejas de los ciudadanos de Chiclana de la Frontera se concentran, aunque a gran distancia, en sectores como la banca, con cinco expedientes; las empresas de electricidad y seguros, con cuatro; y los establecimientos de electrónica y terminales móviles, con dos.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor es un órgano de que se encarga de ofrecer ayuda y orientación a los consumidores de la localidad, se encarga de la recepción, tramitación y mediación de las reclamaciones que se presenten directamente por el consumidor o que le sean remitidas por otras oficinas de información al consumidor o asociaciones de consumidores; fomenta la educación y formación de los consumidores, colabora con otras entidades públicas y privadas en la defensa de los derechos del consumidor y remite a la Junta Arbitral de Consumo aquellas reclamaciones en las que no se ha alcanzado un acuerdo mediador.

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