Así, tras aprobarse la Ordenanza reguladora durante el Pleno del mes de julio y ser expuesta a información pública desde mediados de agosto y hasta el próximo 24 de octubre, los vecinos han iniciado una campaña de reparto de información contra el proceso de regularización de las más de 10.500 viviendas irregulares que forman parte de las AGB.
Además, los propietarios han comenzado a presentar las alegaciones oportunas al documento en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento. Así, la semana pasada eran más de 200 las reclamaciones que se habían presentado, una cifra que en la actualidad ha aumentado considerablemente. Sin embargo, aunque el portavoz municipal de IU, José Pedro Butrón, manifestase ayer que las alegaciones presentadas han superado el millar, fuentes municipales no han querido confirmar ni desmentir estas cifras y se han limitado a aclarar que “el número concreto se conocerá una vez finalice el plazo”.
Hay que destacar que el presidente de la Asociación de Vecinos La Salineta del Llano de las Maravillas, José Galván Saborido, ha anunciado que los propietarios afectados de la zona (unos 200 aproximadamente) presentarán 800 alegaciones, lo que supone un total de cuatro por cada vivienda. “Tomamos estas alegaciones como un referéndum que, con una participación del cien por cien, todos los votos serán un ‘No’ aplastante”, ha manifestado Galván , que ha solicitado que el proceso se ejecute con el consenso de todos los vecinos.
Entre los puntos que cuentan con el desacuerdo de los afectados del Llano de las Maravillas destacan la “irregularidad” de la Ordenanza, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha declarado nulo el actual PGOU. Además, los propietarios han acusado a los representantes de cuatro de las cinco Federaciones de Vecinos (salvo la Rana Verde) de “actuar de espaldas a los vecinos”.
Costes
Sin embargo, el principal asunto que ha encontrado la desaprobación de los vecinos y partidos políticos de la oposición ha sido el que se refiere a los costes del proceso, que puede llegar a superar los 36.000 euros en el área de gestión básica de Pinares de Chiclana. En este sentido, tanto propietarios como formaciones políticas de la oposición han solicitado que la Junta de Andalucía sufrague el 50 por ciento de los costes “por su responsabilidad”.
Paradójicamente, el que fuera edil de Urbanismo, José Pedro Butrón, que intentó aprobar unas ordenanzas económicamente más caras a las actuales antes de dejar de desempeñar esta función pública, ha sido uno de los que se ha mostrado contrario a los costes, argumentando que en el Pleno de mayo 2008 se aprobó solicitar a la Junta que pagara la mitad.
