La Delegación de la Junta de Andalucía en Cádiz ha salido hoy al paso de la situación señalada por la plataforma Por tu Seguridad, Por la de Todos, sobre la necesidad de depósitos judiciales en el Campo de Gibraltar ante la saturación de los espacios de los cuerpos policiales a causa de la gran cantidad de narcolanchas intervenidas.
En una nota, la Junta explica que se trata de un problema “enquistado” de la etapa del anterior ejecutivo socialista que se han “encontrado” y trabajan para solucionarlo, “a pesar de las dificultades que conlleva”.
En referencia al particular que reclama diversas cantidades a la Junta, el gobierno autonómico explica que se trata de “un terreno de la Junta, en concreto de la Red Logística de Andalucía, de la Consejería de Fomento, que ha estado gestionado por un particular al que desde Red Logística de Andalucía se le reclama que abandone la zona porque desde marzo de 2017 no tiene contrato para seguir usando ese terreno”. Además, “se le reclama una deuda pendiente de casi 15.000 euros”.
La Consejería de Justicia “no tiene ningún contrato vinculante con esta persona que le obligue a los pagos que reclama, como sí ocurre con otros particulares de otras provincias” donde sí existe un contrato.
Por otro lado, indican, “la Consejería de Justicia sólo está obligada a abonar las cantidades por el depósito cuando así lo establezca la autoridad judicial por sentencia”.
Asimismo, la Junta sostiene que “no tiene competencias sobre las narcolanchas, sólo las tiene sobre los vehículos”.
Además, recuerdan que “el Gobierno creó la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), cuya función es auxiliar a los órganos judiciales y fiscalías en la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y en el de los delitos económicos más graves”.
Paralelamente, y por otro lado, el concurso de adjudicación de la gestión del depósito judicial “ha quedado desierto y trabajamos para que, una vez se resuelva la reclamación presentada por una de las empresas que se presentó, poder llevar a cabo un nuevo concurso público siempre que el recurso sea revocado”.
Con todo ello, el nuevo gobierno de la Junta indica que trabaja “para acabar con este problema que el anterior gobierno socialista fue incapaz de solventar, teniendo a una empresa sin contrato durante casi dos años”.
