El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha destacado este martes la constitución de un comité transversal --con un miembro de cada Consejería-- encargado de elaborar en dos meses el borrador de un informe con medidas para reducir el impacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), ya sea pactada o abrupta.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Bendodo ha asegurado que, ante la decisión de los británicos de salir de la UE, "Andalucía debe anticiparse a los efectos que esta decisión puede tener" teniendo en cuenta que viven más de 70.000 británicos, que el Reino Unido es el principal mercado emisor de turistas para la región, la "intensísima" relación comercial, "sin hablar de la incidencia de lo que supondrá en el Campo de Gibraltar".
Ha destacado que, según sea el escenario del Brexit, pactado o no, la Junta debe aplicar medidas de información o de contingencia, respectivamente, y "prepararse para ambos escenarios".
En este informe, ha señalado que "se analizará lo que el anterior gobierno hizo y lo que sea positivo se asumirá y lo que sea mejorable, se mejorará". "Dejemos que el comité trabaje, volcaremos todos los datos que tengamos", ha apuntado Bendodo.
Preguntado sobre el impacto del Brexit en la Costa del Sol, el portavoz del Gobierno ha señalado la especial presencia de turistas ya sea residencial o vacaciones y las operaciones económicas con empresas del Reino Unido. "Allí viven más ingleses, veranean también más y puede tener más afectación. Se trata de minimizar", ha detallado.
La Junta se dota de este programa, una vez que los británicos decidieron retirarse de la UE mediante un referéndum que se celebró el 23 de junio de 2016 y, con posterioridad, el Gobierno del país notificó oficialmente al Consejo Europeo su intención de abandonar la Unión el 29 de marzo de 2017, lo que activó el procedimiento previsto en el artículo 50 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) para hacerlo.
La salida del Reino supondrá previsiblemente la firma de un acuerdo de retirada y, con posterioridad, de otro sobre la relación futura. Las negociaciones para el abandono se iniciaron en junio de 2017 y finalizaron en noviembre de 2018 con un proyecto de pacto el que se garantizan los derechos de los ciudadanos y de las empresas y se establece un periodo transitorio, al menos hasta el 31 de diciembre de 2020, en el que la legislación de la UE seguirá siendo de aplicación con respecto al Reino Unido.
En relación concreta con Gibraltar, dicho acuerdo contiene un protocolo a complementar con cuatro memorandos de entendimiento bilaterales firmados entre el Reino de España y el Reino Unido. Pero el Parlamento británico rechazó el pasado enero ese pacto por una cláusula relativa a Irlanda del Norte.
La negativa de la UE a modificar el texto de ese acuerdo ha generado incertidumbre en la medida en que, salvo que exista prórroga del periodo de negociación, a las 00:00 horas (CET) del próximo 30 de marzo, el Reino Unido dejará de ser un Estado miembro de la UE, lo que tendrá consecuencias en la economía.
Ante ese escenario, se han realizado planes de contingencia a nivel europeo y nacional, si bien, el nuevo Gobierno autonómico ha decidido sumar su propio programa.
