El Gobierno de Gibraltar ha recibido notificación judicial relativa a un nuevo procedimiento sobre una promoción de viviendas de protección oficial aprobada durante la legislatura del GSD.
Se trata del segundo procedimiento notificado al Gobierno en el transcurso de una semana.
La demanda, que solicita indemnización por daños y perjuicios por valor de veintisiete millones seiscientas ochenta y ocho mil libras y demás importes pendientes de liquidación, hace referencia a la promoción del complejo de viviendas de Waterport Terraces, aprobada por el anterior gobierno del GSD.
El demandante es el liquidador de una filial de Bruesa SA, la primera constructora que el gobierno de GSD contrató para llevar a cabo esta promoción así como la de Mid-Harbours.
Al parecer, la filial de Bruesa —denominada “Gibralcon 2004 SA” (cuya denominación original era “Brues y Fernández Gibraltar SA”)— se constituyó como sociedad instrumental para los proyectos que Bruesa estaba acometiendo en territorio gibraltareño.
La demanda ha sido presentada ante el Juzgado de lo Mercantil N.º 5 de Madrid.
La demandada es la empresa pública de promociones de viviendas de protección oficial, GRP.
GRP se defenderá enérgicamente de la demanda e impugnará que el Tribunal español carece de jurisdicción respecto de la supuesta reclamación.
Los litigios anteriores a este respecto fueron llevados ante la sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de Londres y también se alegaron argumentos jurisdiccionales. En octubre de 2010, el Tribunal Superior de Justicia falló a favor de GRP.
Tanto el Gobierno de Gibraltar como GRP han dado instrucciones al bufete de abogados Triay Stagnetto Neish en Gibraltar, quienes a su vez se han puesto en contacto con abogados en Londres y Madrid para gestionar los particulares del caso relevantes en cada una de estas jurisdicciones.
El Ministro Principal, Fabián Picardo, comentó: “Tal y como hicimos anteriormente con el litigio sobre el túnel —con resultados satisfactorios— y como estamos procediendo actualmente en relación con el litigio de OEM, también nos defenderemos de manera contundente en este procedimiento y colaboraremos con los administradores de GRP a tales efectos. Se trata de la tercera causa derivada de las decisiones del anterior gobierno a la que debemos hacer frente, pero esto no nos desviará de seguir cumpliendo con nuestros compromisos electorales”.
