La delegada municipal de Urbanismo, Cándida Verdier, aseguró ayer que el equipo de Gobierno se encuentra ya trabajando en la revisión y adaptación a la LOUA del Plan General de Ordenación Urbanística, anulado días atrás por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Así lo anunció durante el transcurso de un Pleno de los más relajados que se recuerdan, en el que por primera vez después de muchos meses se dejaron a un lado durante casi toda la sesión la tensión y las disputas políticas. Sólo durante el turno de ruegos y preguntas (que se presentaron 168) hubo algunos cruces de acusaciones.

    Durante la sesión plenaria de ayer, el Partido Popular llegó incluso a tender su mano al equipo de Gobierno “para solucionar el problema” del Plan General. “Debemos remar juntos para salir de esto y evitar las consecuencias negativas que se puedan producir si el Tribunal Supremo finalmente ratifica la decisión del TSJA de anular el Plan”, dijo el edil del PP, Andrés Núñez.

    En la misma línea se pronunció el alcalde de la ciudad, José María Román, quien pidió a la oposición al completo “que arrimara el hombro” en la búsqueda de soluciones a este asunto urbanístico. “No es hora de mirar hacia atrás, ni de buscar culpables. Lo que toca ahora es aportar soluciones”, dijo.

La responsable de Urbanismo anunció que en los próximos días se convocará una Junta de Portavoces, a la que asistirán también los técnicos de Urbanismo, para “todos juntos” analizar la sentencia del TSJA sobre el Plan General y establecer una hoja de ruta “para encontrar el mejor camino de la seguridad jurídica”.

Tasas de telefonía

Al margen de lo anterior, entre los puntos más destacados, el Pleno acordó  por mayoría (con la abstención del PP y del concejal no adscrito José Antonio Blanco) imponer una tasa a las compañías de telefonía móvil que operan en la localidad por el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas municipales. “Si se cobra a las empresas de telefonía fija, por qué no cobrarles a las de telefonía movil por la utilización y aprovechamiento del dominio público local”, explicó la delegada municipal de Hacienda, Manuela Moreno. Esta medida ya se está aplicando en otros municipios españoles, aunque la misma no ha sido bien recibida por las empresas explotadoras del servicio de telefonía móvil,  que han recurrido a los tribunales.